El puerto de Tacoronte llega a los tribunales
El empresario José Ana Pérez Labajos, accionista de la empresa Parque Marítimo Guayonge SA, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso en contra de la negativa de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno canario a darle una concesión para la construcción de un puerto en Tacoronte.
Esta iniciativa surgió hace ya casi una década y desde un principio se ha dado de frente con la oposición ciudadana que se organizó a través del colectivo Tacorontesemueve y las instituciones, aunque en este último caso en un primer momento apoyaron el proyecto. Hace algunas fechas el TSJC rechazó la petición que había cursado el empresario para que se le compensara con algo más de un millón de euros por la imposibilidad de ejecutar esta obra.
El proyecto de un Parque Marítimo en la Playa de El Camello, cerca de Mesa del Mar y Playa La Arena, fue presentado ante la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias en el año 2006 con el fin de conseguir una concesión.
La iniciativa consistía en una instalación con capacidad para 500 atraques de embarcaciones deportivas, un parque marítimo con balneario, club náutico, piscina natural de 30.000 metros cuadrados y diversas modificaciones en los accesos a la zona, como la excavación de un túnel en el acantilado que forma parte del Paisaje Protegido Costa de Tacoronte y Barranco de Guayonge.
La movilización ciudadana realizó una campaña de recogida de firmas, y logró presentar más de 2.000 alegaciones en las que se pedía al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Tacoronte y al Gobierno de Canarias que no se aprobara dicho proyecto por el grave impacto que supondría en la costa de Tacoronte, en un tramo protegido por sus valores ambientales. También otros colectivos como ATAN o Ben Magec y algunos partidos políticos, presentaron alegaciones. En 2008 finalmente se rechazó la solicitud de forma definitiva y cuando parecía que había sido descartada del todo el empresario ha retomado su intención de construir el puerto o en caso contrario recibir una indemnización.
De hecho, los colectivos ecologistas de Tacoronte sospechan que en un primer momento existió connivencia entre las instituciones públicas y el empresario para sacar adelante este macro proyecto. Sin embargo, luego el promotor se quedaría solo una vez que surgió la oposición ciudadana y Labajos vio como se le involucraba en el caso Fórum hasta el punto de haber sido considerado un testaferro en la isla de la entidad intervenida.
El empresario, por su parte, no sólo lo niega sino que se considera una víctima más de José Manuel Llorca, cerebro de la estafa y actualmente en busca y captura. Ambos cerraron en 2004 un acuerdo por medio del cual se mostraban dispuesos a participar en la construcción de la urbanización Valle Tahodio y en el futuro puerto de San Andrés en Santa Cruz. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas tiene muchas posibilidades de salir adelante.
En el primer caso porque finalmente no se llevó a cabo la prevista recalificación de terrenos acordada en un principio con la Gerencia de Urbanismo de manera que los terrenos rústicos con un valor de 277.000 euros pasarían a ser urbanizables y a costar 15 millones. En cuanto al puerto de San Andrés, Labajos mantiene aún la concesión pero ya ha anunciado que no tiene interés en sacarlo adelante ante las condiciones que le ha impuesto la Autoridad Portuaria. Además, ya ha expirado un tercio de los treinta años otorgados para explotar el parque marítimo sin que se hayan podido iniciar las obras
