Pulido: ''Si el Estado no para las obras de la cárcel, lo hará la Justicia''
Miguel Ángel Pulido, el viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno canario, dijo este domingo que “el Estado debe parar las obras de la nueva cárcel de Gran Canaria, o terminará haciéndolo la Justicia”, al tiempo que hizo un “llamamiento para que se cumpla la legalidad urbanística”.
El representante del Ejecutivo regional afirmó que “la delegada del Gobierno de España en Canarias, Carolina Darias, no dice la verdad cuando afirma que la construcción de la macrocárcel de Los Llanos de Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana), ya no tiene ningún impedimento legal”.
De esta forma se refirió Pulido a las obras previas a la ejecución de la segunda cárcel de Gran Canaria, sobre las que dijo que “si bien es cierto que las obras públicas de interés general, según la Ley 13/2003, no están sometidas a licencia o cualquier otro acto de control preventivo municipal, sí lo están a un informe de la administración correspondiente sobre la adaptación del proyecto al planeamiento vigente”.
Ello quiere decir, agregó en su comunicado, “que si el proyecto no está previsto en el planeamiento, como es el caso de dicha macrocárcel, el sentido del silencio es negativo”, tal como dispone el artículo 27.2.c) del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000.
Pulido también hizo “un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de las reglas de juego de un Estado democrático y de derecho para que se acepte” que la ejecución “de la macrocárcel, aunque esté considerada obra pública de interés general, no puede prevalecer sobre el planeamiento urbanístico”.
Potestad del Consejo de Ministros
Esto sólo podría ocurrir, dijo, si hubiera “un acuerdo expreso del Consejo de Ministros que, utilizando las previsiones del artículo 244 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RDL 1/1992, de 26 de junio), pueda decidir si procede efectuar el proyecto, y en este caso, ordenar la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación urbanística, imponiendo su ejecución”.
Para Pulido, “lo razonable no es amenazar con la Policía, como hace la delegada del Gobierno, sino que el Estado pare las obras”, al menos, hasta que se adopte el acuerdo del Consejo de Ministros que imponga su construcción o se busque un emplazamiento de consenso, porque, “de lo contrario, las terminarán parando los tribunales de justicia”.
