El Estado no recurrirá la Policía Canaria tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo regional
El Gobierno central y el Ejecutivo canario han alcanzado un acuerdo para modificar la Ley de la Policía Canaria que evitará un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado, anunció este lunes el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano.
El acuerdo ha sido pactado en la comisión bilateral Canarias-Estado después de que el Gobierno central advirtiera de sus dudas sobre la constitucionalidad de diez artículos.
Finalmente, el Estado y Canarias han acordado que haya “modificaciones puntuales” en tres artículos que “no alteran la esencia de la ley de creación de la Policía Canaria”.
Ruano señaló que con este acuerdo se garantiza la presencia de la Policía canaria en el esquema de seguridad pública del Archipiélago, dentro de un modelo integrado, de colaboración institucional y complementario con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que permitirá mejoras en las policías locales.
Tras este primer acuerdo, Ruano confió en que en el futuro se pueda alcanzar un pacto de financiación con el Estado para el despliegue de la Policía canaria en su segunda fase.
La primera fase del despliegue, financiada por la Comunidad Autónoma, se ha iniciado con la convocatoria de las oposiciones, a la que seguirá el ingreso en la academia de los policías en septiembre para que el año próximo estén en la calle los primeros cien efectivos.
La segunda fase se había programado para tres años, pero se tardará cuatro o cinco debido a la situación económica, dijo Ruano.
Confió en que el Estado se implique en la financiación de esa segunda fase porque “es imposible que el Estado cubra las vacantes estructurales” que se producen en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El objetivo es que en diez años haya 1.700 efectivos de la Policía Canaria.
Modificaciones “sustanciales y sustantivas”
La delegada del Gobierno de España en Canarias, Carolina Darias, dijo este lunes que el acuerdo por el cual la Administración General del Estado no recurrirá la ley de la Policía Canaria supone realizar en el texto modificaciones “sustanciales y sustantivas”.
La delegada del Gobierno de España en Canarias recordó que el Ministerio de Interior formuló objeciones a la citada ley por considerar que el legislador, el Parlamento canario, se había excedido de su ámbito competencial.
Añadió que en la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias se han resuelto las discrepancias puestas por el Ministerio de Interior a la ley de la Policía Canaria.
Carolina Darias dijo que el Gobierno de Canarias ha aceptado todas las propuestas hechas por la Administración General del Estado, de forma que en seis meses de modificarán los artículos 1, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18 y 19, así como la disposición transitoria cuarta.
Pero ese acuerdo, prosiguió la delegada del Gobierno de España en Canarias, no afecta a la financiación de la policía canaria, pues reiteró que “como se ha dicho en infinidad de ocasiones” la Comunidad Autónoma que quiere policía tendrá que financiarla.
