Reyes alega que su imputación ha prescrito
El exsecretario de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes ha alegado que su imputación por prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra de la casa Siluto de El Toscal ha prescrito ya que han transcurrido diez años desde que se cerró esta operación hasta que se determinó su inculpación en este caso. Reyes estaba citado a declarar el lunes por la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santa Cruz de Tenerife, Nuria Navarro, pero su comparecencia fue suspendida a la espera de que la magistrado resuelva sobre el recurso presentado el viernes.
Los abogados denunciantes, José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, ya han anunciado que en caso de que se acepten sus argumentos presentarán un escrito oponiéndose. En cualquier caso los letrados sostienen que aún podría ser encausado por malversación de fondos por los supuestos “pagos indebidos” de impuestos tras la adquisición de esta casona. “Estamos esperando a ver qué decide la juez”, señaló Pérez Ventura.
Lo cierto es que la querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción en la que se citaban a declarar como imputados a los miembros que conformaban el Consejo de Administración del organismo autónomo en 2002 no incluía a Reyes. Por ello, la petición del exsecretario podría tener en parte fundamento y habría escapado del grueso de esta causa, aunque sólo fuese por los pelos.
A falta de estudiar con mayor detenimiento el recurso presentado por Reyes, la acusación particular entiende que no es así. En el caso de los delitos por prevaricación administrativa la prescripción se produce a los diez años. El grueso de la querella apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender la Fiscalía que los responsables de la Gerencia compraron la casa por 188.000 euros más de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores.
Sin embargo, los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en un precio muy inferior, de 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo la de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros.
Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros. En el expediente, los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo razonable en este tipo de operaciones mercantiles.
El Ayuntamiento compró este edificio para que albergase la Casa de la Juventud, aunque años después el inmueble permanece cerrado y en un estado de total abandono. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad. El edificio está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
