Rosa pidió apartar a dos técnicos del Plan Insular de Lanzarote
La sociedad Hotel Princesa Yaiza presentó el pasado 12 de agosto un escrito dirigido al presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, en el que solicitaba que apartara de los procedimientos administrativos relacionados con sus hoteles a los técnicos de la Oficina del Plan Insular (PIOL), Esteban Armas y Leopoldo Díaz, “por enemistad manifiesta y públicamente reconocida”.
El escrito está firmado por Rosa Rosa Martín, como consejera delegada de Hotel Princesa Yaiza, y se pidió después de que los dos técnicos suscribieran en el mes de abril un informe de compatibilidad con el PIOL negativo con respecto al hotel del mismo nombre en la localidad de Playa Blanca. Este hotel tiene la licencia de construcción anulada por sentencia firme y ahora se encuentra en fase de ejecución de dicha sentencia, por lo que debe iniciar el expediente para ver si cumple con la normativa.
La recusación de Rosa se produce por dos motivos: interés personal de los técnicos y “enemistad manifiesta” con el “cabeza visible” de la sociedad hotelera, Juan Francisco Rosa, tal y como lo define el escrito. El interés personal lo justifica por la relación de los dos técnicos con la Fundación César Manrique (FCM), que fue la entidad que pidió la ejecución de la sentencia. Armas es vicepresidente y Díaz fue secretario.
En la petición primero se expone su visión de la situación a la que se ha llegado con las sentencias que anulan las licencias de construcción de hoteles, que califica de un conflicto que dura doce años “y enrarece desde su origen la vida pública de Lanzarote provocando una radicalización sin precedentes de las posturas opuestas” y “una extrema judicialización de las actuaciones administrativas”.
Señala que el origen de los recursos judiciales era el era preservar la Moratoria y que la FCM se personó, junto al Cabildo de Lanzarote, “para intentar mediatizar cualquier procedimiento que se pudiera articular para resolver el conflicto”.
Enemistad
En cuanto a la enemistad, señala el texto que es “manifiesta y públicamente reconocida” y que “buena muestra de su proceder inamistoso” es su “actitud” en el procedimiento del campo de golf que promueve Rosa en Playa Blanca, del que dice que tenía como “objeto exclusivo el de dotar a dicho núcleo de equipamientos esenciales con instalaciones de elevado nivel y gran atractivo”.
Alega que en ese procedimiento no le contestó la Oficina del PIOL en varias ocasiones, lo que califica como un “pertinaz silencio” que ha producido graves perjuicios a los dos establecimientos que tiene en Playa Blanca y que esa actitud “pasiva y renuente contrasta con la actividad desplegada por la propia oficina del PIOL con respecto de otros competidores con iniciativas similares”.
Hotel Princesa Yaiza se siente “perseguida y maltratada por los responsable de la Oficina del PIOL” y dice que esa enemistad por el campo de golf se ha transformado en animosidad hacia el hotel y que por la “ausencia de neutralidad y concurrencia de mala fe” en el proceder de los técnicos, solicita que el presidente del Cabido “acuerde separarlos” de la emisión de informe en los procedimientos relativos a sus hoteles.
Seguridad jurídica
San Ginés no accedió a la petición del empresario, aunque efectivamente acabó apartando a esos técnicos dos meses después. El 19 de septiembre, la empresa con domicilio fiscal en Panamá, Urena Montain, representada por Ignacio Díaz de Aguilar, promovió otra solicitud de recusación ante el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas. San Ginés decidió entonces apartar a los técnicos de ese procedimiento y de forma extensiva de todos los casos relacionados con expedientes de legalización de hoteles ilegales “por seguridad jurídica” La jueza dio la razón a Urena Mountain posteriormente.
El Hotel Princesa Yaiza consiguió la licencia de construcción tres días después de que se presentara la solicitud. No sólo incumple el PIOL sino también la normativa urbanística del propio plan parcial. Entre otros incumplimientos, tiene dos plantas de más. Juan Francisco Rosa está imputado por cohecho en el procedimiento penal que investiga la concesión de licencias en Playa Blanca. En ese procedimiento, la investigación de la Policía ha determinado que el ex alcalde se enriqueció sin que pueda demostrar el origen del dinero.
La abogada de Hotel Princesa Yaiza es Juana Fernández de las Heras, hija de Felipe Fernández Camero, también imputado en el caso de los hoteles y detenido este miércoles por la operación Jable. Juana Fernández es la mujer del asesor jurídico y amigo personal del presidente del Cabildo, Ignacio Calatayud, que a su vez trabajó durante un tiempo breve en el despacho de Díaz de Aguilar.
