La defensa de Santana Cazorla plantea la ilegalidad de su detención
La defensa del empresario Santiago Santana Cazorla ha presentado un escrito ante el juzgado que instruye la operación Góndola contra la corrupción política en el Ayuntamiento de Mogán solicitando la nulidad de los cargos que se mantienen contra él, tráfico de influencias y delito urbanístico, con el argumento de que su detención, practicada en febrero de 2007 en el aeropuerto de Gran Canaria cuando iba a tomar un vuelo a Tenerife, fue ilegal al realizarse sin orden judicial estando abierta ya la causa en el juzgado.
Santana Cazorla fue detenido sin orden judicial y, en todo caso, la policía sólo se valió de instrucciones internas para llevarla a cabo, como resultado de las escuchas de conversaciones mantenidas por el empresario con altos cargos del Gobierno de Canarias a cuenta del proyecto de la urbanización turística Anfi del Mar, tras la intervención de sus teléfonos.
El abogado del empresario, José Antonio Choclán, confirmó este miércoles que ya se ha presentado el escrito ante el juzgado por “vicio de nulidad”, respaldada en la “privación de libertad desproporcionada” de Santiago Santana Cazorla.
Según Choclán, la proporcionalidad de esta medida debe darse en un doble sentido: que sea el único modo posible de garantizar la presencia en el proceso de Santana Cazorla y por la gravedad de los delitos que se están investigando. “Ni lo uno ni lo otro concurre en este caso”, apuntó.
Además, no existe auto de detención judicial, es decir, que la detención ordenada “lo fue policialmente y no judicialmente”, algo “manifiestamente irregular y contrario a derecho” porque desde que el juez forma sumario, la Policía cesa en sus facultades autónomas de detención y “cualquier medida que suponga la restricción de un derecho fundamental requiere una previa autorización judicial, no una autorización judicial posterior”.
Así, insistió, “consideramos la detención manifiestamente contraria a derecho”, por lo que ya se han ejercitado las acciones correspondientes para lograr la declaración de nulidad de la detención.
