SCTF cerrará los locales ilegales ''en una semana''

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha modificado la normativa referente a los locales de ocio con el fin de poder cerrar, en un plazo que puede llegar a ser de una semana, aquellos que no cumplan los requisitos. Así, la nueva normativa prevé que, ante una denuncia por no cumplir con lo establecido en la licencia o no tenerla, o bien abrir más allá del horario permitido o sobrepasar el nivel de ruido, se abra un procedimiento sancionador que pueda acabar con el cierre cautelar del local.

Tras recibir la denuncia, la Gerencia Municipal de Urbanismo abrirá un periodo de audiencia de diez días. Así, tras haber oído al responsable del local, se decidirá en 15 días su cierre cautelar, mientras que el expediente sigue su curso (un proceso que puede durar hasta seis meses).

De todas formas, la Policía Local está facultada para cerrar, provisionalmente, un local que ya hubiese estado denunciado si sigue incumpliendo la normativa. Así, en una semana podría estar clausurado cualquier local que superase el nivel de ruido permitido.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Carmen Delia González, y el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, presentaron este jueves la medida que, según explican, “beneficiará no sólo a los vecinos afectados, sino a los empresarios del ocio que sí cumplen con la normativa”.

González explicó que esta medida tendrá un alcance muy concreto, ya que se suelen repetir los locales que incumplen la normativa. Así, en lo que va de año “se han levantado 143 actas por carecer de licencia o no cumplir con horarios o ruidos”. No obstante, son “entre ocho y diez locales los que copan todas las denuncias”.

Para este próximo fin de semana, el primero de aplicación de la nueva normativa, el Ayuntamiento ya piensa intervenir con “dos locales específicos que llevan incumpliendo desde el año pasado”. El edil de Urbanismo, por su parte, aclara que “en Santa Cruz los locales son cumplidores”.

José Ángel Martín resaltó que una de las principales ventajas de la nueva normativa es que “la Policía Local no tenía un instrumento legal para intervenir, salvo en situación de riesgo físico para la integridad de las personas” y que ahora sí cuentan con un respaldo normativo.