El STEC prepara la demanda contra el Gobierno regional
La Asesoría Jurídica del STEC-IC estudia presentar una demanda judicial en materia de Tutela de los Derechos Fundamentales, para “que se revoque y deje sin efecto la decisión del Gobierno de retirar y romper unilateralmente unos acuerdos sindicales que tienen fuerza de Ley y que mejoraban la previsión ”de mínimos de derecho necesario“ contenida en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP).
Con la demanda judicial que presentarán exigirán que se declare “desajustada a derecho y atentatoria de nuestro derecho a la libertad sindical por cuestiones de forma y fondo”, esta retirada “unilateral”, y que “se condene a la Administración al pago de las indemnizaciones que en derecho correspondan al STEC-IC, en función de los daños y perjuicios que pueda causar el comportamiento antisindical impugnado”.
De igual modo, el secretariado nacional del STEC-IC “está estudiando” la posibilidad de instar procedimientos penales (querellas o denuncias judiciales), en materia de delito social, contra los funcionarios o autoridades que “resultaren responsables individualmente de la conculcación de derechos fundamentales”.
Pactos “conculcados uniteralmente”
El Consejo Nacional del STEC-IC denuncia el ataque a los derechos sindicales “protagonizado por el Gobierno de Canarias”, y que se “ha concretado en la ilegal retirada del derecho al uso del crédito horario que corresponde a cada sindicato, en función de su representatividad”, tal como se contempla en la normativa reguladora y los Acuerdos de mejora vigentes.
El sindicato recuerda que estos pactos, “con fuerza de normas legales”, han sido “conculcados unilateralmente” por el Gobierno a causa de “nuestra oposición a plegarnos a la dinámica de imposiciones protagonizada por su representación encabezada por el consejero José Miguel Ruano, en el proceso de negociaciones en curso en la Mesa General de Empleados Públicos”. Desde el STEC denuncian que el Ejecutivo “ha utilizado como instrumento de chantaje la retirada de los derechos fundamentales que como sindicato nos corresponden”, para “coaccionarnos a firmar acuerdos de paz social, que nos aten a la hora de denunciar u oponernos a las medidas que puedan seguir adoptando contra los intereses de los docentes”.
