La ley turística de las islas verdes será denunciada ante la Comisión Europea
Muchos calificaron la ley turística de las islas verdes como la antesala de la Ley del Suelo que el próximo mes de septiembre entrará en el Parlamento de Canarias. Su tramitación se llevó a cabo de manera sigilosa bajo el epígrafe de “Ley para la Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma”. Y existían motivos para el sigilo porque algunas figuras jurídicas y de ordenación recogidas en esa modificación han llamado la atención de juristas y políticos por abrir la puerta a la arbitrariedad. La primera denuncia ya está redactada y en manos de al menos un grupo parlamentario canario.
Va dirigida a la Comisión de la Unión Europea y está firmada por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Santiago Pérez, también concejal de X Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna. Está fechada en Famara (Lanzarote), donde el veterano político y reconocido jurista ha pasado sus vacaciones de verano. El objeto de la denuncia resulta estremecedor: los grupos mayoritarios en el Parlamento de Canarias, Coalición Canaria y el PSOE, se conjuraron para, mediante “un fraude jurídico”, camuflar bajo la denominación de “instrumentos de planificación singular turística lo que en realidad son ”instrumentos de ordenación territorial que tienen por objeto ordenar y diseñar para su inmediata ejecución, o bien ejecutar, los equipamientos insulares turísticos estructurantes en cualquier clase y categoría de suelo (…) que podrán aprobarse en ejecución del planeamiento insular o de forma autónoma al mismo“.
De forma inmediata, las actuaciones y proyectos (denominados “actuaciones estratégicas singulares o sistemas deportivos y de ocio”) que según la denuncia “producirán una acreditada afección sobre el medio ambiente, los hábitats naturales y las especies de flora y fauna que forman parte de la Red Europea Natura 2000” son, entre otros:
Campo de golf en Los Llanos de Aridane, que se ejecutará en el Espacio Protegido de Tamanca.
Campo de golf de breña Alta, del que el 24% de su superficie total está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Cumbres y Acantilados del Norte de La Palma.
Campo de golf de Barlovento, con el 90% de su superficie afectado, a partes iguales, por la ZEPA Cumbres y Acantilados del Norte de La Palma y el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Monte Verde Gallegos-Franceses.
Campo de golf de Fuencaliente, que limita con el Monumento Natural de Cumbre Vieja y el Paisaje Protegido de Tamanca.
- Campo de golf de Punta Gorda, que limita con el Monumento Natural de la costa de Hiscaguán, catalogado como LIC.
Según relata la denuncia, el Gobierno y los grupos de Coalición Canaria y el PSOE en el Parlamento regional promovieron una ampliación del objeto de la ley y una serie de enmiendas en sus últimos momentos de su tramitación parlamentaria de modo que cualquier modificación escapara del dictamen del Consejo Consultivo (que ya se había pronunciado) y de cualquier posibilidad de participación ciudadana. El control de constitucionalidad escapó de las potestades del órgano consultivo ya que “la iniciativa legislativa fue sustancialmente modificada”, al tiempo que se “impidió el derecho de los grupos parlamentarios a la presentación de enmiendas” al efectuarse aquellas modificaciones durante el último día de plazo habilitado para la presentación de enmiendas.
El Gobierno canario y los dos grupos que le dan cobertura parlamentaria introdujeron en el texto la figura de los “instrumentos de planificación singular turística” para encubrir lo que en la denuncia se califica como “instrumentos de ordenación territorial, es decir, normas jurídicas para permitir la inmediata ejecución –al margen del planeamiento- de proyectos y actuaciones singulares en cualquier clase y categoría de suelo”.
Se trata de una figura similar a la que el proyecto de Ley del Suelo de Fernando Clavijo contempla como “proyectos de interés singular”, lo que ya nace con la amenaza de otra denuncia ante las autoridades comunitarias.
De acuerdo con la ley de Islas Verdes, ninguno de esos proyectos “singulares” ha de someterse al control ciudadano mediante los actuales procesos en vigor relacionados con el medio ambiente, ni se han regirse por las normas europeas sobre evaluación ambiental estratégica de planes y programas (directiva 2011/42/CE), según destaca la denuncia.
“Con esta misma estratagema legislativa”, resalta el texto, “se pretende defraudar el Derecho español, ya que no existe en el ordenamiento territorial y urbanístico de España un principio general de libertad que permita realizar lo que no esté prohibido legalmente. La ordenación territorial y urbanística son funciones públicas y los actos de transformación del suelo rústico o rural en suelo urbanizado deben estar previstos y autorizados por la normativa territorial y urbanística”.
Además de solicitar la admisión de la denuncia, el texto recoge la petición expresa de que se proceda a la suspensión cautelar de la Ley para la Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, “a la vista de las graves infracciones del Derecho Europeo que supone y de los irreparables daños al medio ambiente de las Islas Canarias que ocasionará su ejecución y la de los proyectos que pretende legalizar”.
