Valido reconoce que el mercado del alquiler es un “desmadre”, pero el Gobierno solo puede ayudar a unas 6.000 familias

La consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido (Coalición Canaria) ha reconocido este miércoles que el mercado del alquiler en Canarias atraviesa una situación de “desmadre” aunque no le llamaría “emergencia habitacional” como sí hizo la diputada de Podemos, Noemí Santana. No obstante, aclara que el Gobierno solo podrá ayudar a unas 6.000 familias de las más de 17.500 que han solicitado la ayuda, y la razón no es otra que la falta de recursos.

Valido compareció en comisión parlamentaria para hablar, entre otros asuntos, de la situación del alquiler en las Islas, que no ha dejado de encarecerse y que está propiciando el aumento de desahucios por impagos, como señaló Santana. Sin embargo, la política de CC ha añadido que los recortes y la crisis han supuesto que no se pueda empezar hasta 2017 a trabajar en el Plan de Vivienda, cuando se consiguió saldar deudas con los promotores.

Canarias lleva siete años sin ningún Plan de Vivienda, lo que ha acentuado la situación actual: parálisis del parque público, falta de ayudas al alquiler, desahucios por impago del mismo... Valido ha insistido en que no ha sido hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante el Plan Estatal de Vivienda cuando ha podido sentar las bases del autonómico, que ya ha sido aprobado por los agentes sociales y empresariales y que espera llevar pronto al Consejo de Gobierno.

En cuanto a la escasa construcción de viviendas, la consejera señala que lleva “dos años” esperando un suelo en Arrecife, por ejemplo. No obstante, esta afirmación contrasta con el hecho de que en Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento haya asegurado que ha cedido suelo al Ejecutivo Regional para edificar unas 8.000 viviendas y no ha construido ni una sola.

Sobre las ayudas al alquiler, “se dicen cosas que no son ciertas”, señaló la consejera de Políticas Sociales. Con la ayuda actual explica que se podrán llegar a unas 6.000 familias, algo que mejora la cuantía del año anterior, en la que se beneficiaron 3.000 personas. Una ayuda que además no se ha podido resolver antes por la falta de personal, que es el mismo que el del año pasado.

Valido insistió que espera que en el mes de abril se resuelvan y pide que se comprenda que este año se ha llegado a muchísima más gente, pero que se ha presentado un mayor número de personas porque había más partidas.

Por otro lado, destacó que el borrador del nuevo Plan de Vivienda de Canarias pretende recuperar las políticas de apoyo al alquiler y aumentar el parque público de vivienda, para lo que establecerá ayudas para que los promotores puedan edificar construcciones a precios asequibles. También se propone un Observatorio Canario de la Vivienda y cofinanciar la construcción con otras instituciones públicas, como cabildos y ayuntamientos.

Noemí Santana reprochó que en la última convocatoria de ayudas al alquiler sólo se beneficiaron 1.500 personas de entre 10.000 solicitudes, por lo que teme que el problema se agrave si esta convocatoria es de carácter bianual. Además, propuso que el Gobierno de Canarias se fije en lo que hacen otras comunidades como Baleares, que además han sabido cómo regular el alquiler vacacional, dando competencias a cabildos y municipios.

Muy crítico ha sido también Luis Campos (Nueva Canarias), que ha señalado que el Ejecutivo Regional ha sido poco hábil en materia de alquiler vacacional. Tampoco ha hecho una gran apuesta en esta materia en el sentido de que perdió una gran oportunidad con los Fondos de Desarrollo de Canarias, que se podrían haber destinado a esta materia.

Entre la consejera y la diputada del PSOE Teresa Cruz Oval se produjo un rifirrafe ya que Valido celebró que desde que está en la consejería se han ido aumentando el número de beneficiarios de ayudas al alquiler. La diputada del PSOE señaló que la convocatoria de 2016 no se retrasó por culpa de la anterior consejera socialista, ya que la ayuda se había convocado desde abril y ella tomó posesión en julio, lo que generó el retraso.