Inmigración: ¿Ángel o Demonio?
El Parlamento de Canarias ha abierto de nuevo el debate sobre la necesidad de limitar la residencia y el trabajo para los extranjeros no integrantes de la Unión Europea (UE), y lo ha hecho pidiendo la convocatoria de la Comisión Estado-Canarias para desarrollar el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía: “La Comunidad Autónoma de Canarias podrá elevar al Gobierno las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.”
Un artículo que ha acumulado polvo durante toda la etapa autonómica del Archipiélago y que, cíclicamente, coincidiendo con épocas electorales o con preocupantes cifras de paro, se enarbola como si fuera el quijotesco 'Bálsamo de Fierabrás' con propiedades milagrosas capaces de conseguir el pleno empleo en Canarias.
Canarias, estatutariamente, puede elevar al Estado las propuestas que estime pertinentes sobre la residencia y trabajo de extranjeros en el Archipiélago
Solamente una vez ha sido utilizada esa potestad estatutaria. Fue en el año 2006, cuando el Gobierno canario que presidía Adán Martín logró que el Ejecutivo central que presidía José Luis Rodríguez Zapatero bajase a la 'cota cero' el cupo anual de trabajo para inmigrantes regulares, a fin de favorecer la reducción del paro en las Islas.
En aquel tiempo, todavía de 'vacas gordas', el ritmo de crecimiento de la población en plena etapa económica expansiva era de 50.000 habitantes anuales, debido en buena parte a la inmigración ilegal, y el desempleo oscilaba en las cotas del 13 por ciento.
Peligro de xenofobia
Siete años y un 20 por ciento más de paro después ha sido, curiosamente, Ignacio González, el líder del Centro Canario Nacionalista (CCN) integrado en Coalición Canaria (CC), quien ha propiciado de nuevo el debate en sede parlamentaria.
El mismo político que años atrás participaba en manifestaciones xenófobas alentadas por el periódico 'El Día' y secundadas por grupúsculos independentistas y de extrema derecha en curioso batiburrillo con un solo denominador común: demonizar a los inmigrantes.
Y ese es, de nuevo, el peligro que sobrevuela en la reapertura de este, por otra parte, legítimo debate. Lo dijo el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez: “es fácil columpiarse”.
Y también la diputada del Partido Popular (PP) Mayte Pulido cuando recordó el 'caso griego' con el alzamiento y consolidación de partidos ultras que han hecho calar en la sociedad helena el sentimiento de repulsa a los extranjeros.
La excusa para volver a enarbolar la limitación a la residencia y trabajo de extracomunitarios, esta vez, es doble: por un lado los alarmantes índices de paro y pobreza que sufre el Archipiélago y, por otro, el informe del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que abre la puerta a que Canarias, como Región Ultraperiférica (RUP), pueda primar el trabajo para los residentes en todas las convocatorias de empleo público.
Nada, por otra parte, nuevo, pues el ordenamiento jurídico comunitario ha permitido incentivos a la contratación laboral para residentes, pero no por su nacionalidad y sin poner en peligro el principio de libre circulación.
Dinamarca, Chipre, Hungría, Polonia, Eslovenia o Malta, por ejemplo, han limitado temporalmente la compra de una segunda vivienda a quienes no vivan allí con carácter permanente.
Pacto Canario
En Canarias, no es la primera vez que el Gobierno y las fuerzas políticas abren un debate sobre la inmigración, un asunto evidentemente complejo y cuyas soluciones precisan acciones a desarrollar a medio y largo plazo, y exigen intervenciones en distintos ámbitos por parte de todas las Administraciones, incluida la estatal.
El 12 diciembre de 2001, el Parlamento aprobó de forma unánime una resolución fruto de la cual Dolores Padrón (PSC), Belén Allende (AHI), José Mendoza (CC), Carmen Guerra (PP), José Manuel Soria (PP) y Marcial Morales, entonces consejero de Empleo y Asuntos Sociales, redactaron el llamado Pacto Canario por la Inmigración.
Un acuerdo del que, posteriormente, se descolgaron los conservadores pero a cuya firma final, el 10 de diciembre de 2002, asistieron representantes de las patronales, sindicatos, cámaras de comercio, Consejo Económico y Social (CES), Federación Canaria de Municipios (Fecam), Federación de Cabildos Insulares (Fecai), universidades y ONG.
El 12 diciembre de 2001, el Parlamento aprobó de forma unánime una resolución fruto de la cual, un año después, el 10 de diciembre de 2002, se firmó el Pacto Canario por la Inmigración
La excusa para no unirse al acuerdo esgrimida por el entonces coordinador sectorial del PP en Canarias y su portavoz en el Parlamento regional para asuntos de inmigración, Fernando Toribio, fue que se trataba a los ciudadanos de la UE como extranjeros.
Hace 11 años de aquel documento. Una época en la que en las Islas residían 88.000 extranjeros (la mitad de ellos de la UE), es decir, poco más del 4 por ciento de la población. Y aún así, mediática, social y políticamente se aseguraba que los inmigrantes habían 'invadido' el Archipiélago, como dijo incluso el entonces Diputado del Común, Manuel Alcaide.
Un documento en el que las fuerzas políticas se comprometían a “promover en la población de las Islas actitudes de respeto hacia otras culturas y de convivencia para un mutuo conocimiento, así como rechazar y combatir cualquier manifestación de carácter xenófobo o racista”.
Un pacto para “desarrollar la política migratoria fuera de la lucha política partidista, dentro del espíritu de consenso y al margen de la confrontación electoral”.
Ese documento admitía que Canarias, como RUP, exige “medidas específicas”, pero afrontadas “de manera tolerante y constructiva”.
Una tolerancia fundamentada en lo que, posteriormente, Dirk Godeanu, profesor de de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, plasmó en su libro sobre 'La inmigración en Canarias': “gran parte de las investigaciones sobre otras experiencias de inmigración afirman que los beneficios que se obtienen en el medio y largo plazo son ampliamente superiores a los costes que se suelen concentrar en el corto plazo”.
Comité de Expertos
Aquel Pacto Canario por la Inmigración tuvo su primera reacción en la Presidencia del Gobierno de Canarias.
Recordemos que corría el año 2002, en plena explosión del fenómeno de la llegada de pateras a las costas canarias y del impacto de aquellas imágenes en las retinas de todo el mundo.
Tras la firma del acuerdo político, el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, creó por decreto un Comité de Expertos sobre Población e Inmigración.
La intención de ese 'comité de sabios', que presidía el entonces rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo, era analizar con rigurosidad si tenía razón de ser el alarmismo que postulaban amplias capas sociales y políticas sobre los costes de la inmigración para Canarias.
A Lobo le acompañaron en esa aventura once personalidades prestigiosas, desde el ex ministro Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón hasta el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, pasando por José Luis Rivero Ceballos, José Ángel Rodríguez o la reciente consejera de Empleo, Margarita Ramos.
El Comité de Expertos sobre Población e Inmigración concluyó en 2003 que “el cambio en la economía seguirá necesitando de un aporte de fuerza de trabajo externa a Canarias”
Y una de sus más importantes conclusiones es clara: “a todos los inmigrantes se les debe reconocer su condición de sujetos con derecho a la ciudadanía y copartícipes del desarrollo económico, se encuentren en situación regular o irregular”.
Y “las dos respuestas estratégicas al proceso inmigratorio en Canarias” que ofrecieron fueron: “previsión, negociación y ejecución de medidas de control de flujo inmigratorio” y “ordenación y ampliación de las políticas y programas de integración social de los inmigrados”.
Una vez más, desde el Parlamento se ha abordado las medidas restrictivas y coercitivas, pero nada se ha dicho de las referidas a inserción.
El Comité, cuyas propuestas y resoluciones deben estar acumulando polvo en algún archivo de Presidencia del Gobierno, ya resaltaba “los argumentos empleados para destacar el carácter preocupante de la inmigración para Canarias” que se habían asentado en parte de la sociedad isleña.
Pero, si bien asumía el Comité que era “un pensamiento justo y razonable” la “preocupación por la cantidad de habitantes en un marco limitado y vulnerable” como el canario, advertía que el mismo “no debe ocultar o desvalorizar” que cualquier medida adoptada debe tener en cuenta a “los extranjeros que pueden ver conculcados sus derechos, la necesidad de su inclusión social, la respuesta de los servicios públicos, la convivencia multicultural en las aulas, en los hospitales, en los barrios”.
Siempre habrá necesidad de inmigrantes
De cara al debate abierto por el Parlamento canario convendría recordar que, si bien es cierto que la población inmigrante incrementa la demanda de bienes preferentes, tales como sanidad, educación o vivienda, también es cierto que, como apuntaba el Comité de Expertos “el incremento de la población es necesario para provocar el crecimiento económico”, pues “la población inmigrante contribuye a la financiación de aquellos bienes preferentes vía creación de riqueza y recaudación de impuestos”.
“Dicho esto, la pregunta que debemos formular es: ¿habría sido posible el crecimiento económico de los últimos años sin la aportación de recursos humanos por la vía de la inmigración?”, se cuestionaba el Comité.
Y su respuesta era: “el análisis efectuado indica que la inmigración ha sido y será necesaria para compensar los vaivenes de la población”.
Canarias ha necesitado recursos humanos crecientemente y, en consecuencia, ha incrementado la oferta de trabajo con la población disponible dentro y fuera de las Islas.
Como decía el Comité de Expertos, con altas o bajas tasas de desempleo, “siempre habrá necesidad de un flujo de inmigrantes, bien para ocupar las vacantes de aquellos empleos con condiciones de aceptación inferiores a las habituales existentes en las Islas, bien porque tendrán que ocupar vacantes de empleos que exigen una cualificación no disponible en Canarias”.
Y éste es el verdadero problema que debe afrontar Canarias. El desempleo no bajará limitando el trabajo a los no residentes, sino aumentando la calidad de la formación y cualificación de los canarios.
Ahí es donde se equivoca el discurso político del Gobierno de Canarias y de CC, apuntando con el dedo a un objetivo equivocado.
Los expertos ya lo decían hace una década: “la evolución de la tasa de paro dependerá del éxito de las políticas que tienden a elevar el nivel del binomio formación-experiencia y de la inserción de la mujer en la población activa”.
Porque, por mucho que se empeñe el Ejecutivo canario en poner cerrojos y restricciones a los foráneos, ya advertía el Comité de Expertos que “el cambio en la economía seguirá necesitando de un aporte de fuerza de trabajo externa a Canarias”.
El debate ha sido reabierto, y solo hay que exigir que el mismo esté dotado de racionalidad exenta de demagogia, partidismo y electoralismo.
