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Cerrar los CIE de Canarias por una sociedad "más democrática e igualitaria"

La plataforma Canarias Libre de CIE se da a conocer para exigir el desmantelamiento progresivo de estos establecimientos por considerarlos lesivos con los derechos humanos

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Presentación de la plataforma Canarias Libre de CIE frente a la Delegación del Gobierno en Canarias

Presentación de la plataforma Canarias Libre de CIE frente a la Delegación del Gobierno en Canarias Iago Otero Paz / Las Palmas de Gran Canaria

Canarias cuenta con dos de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de todo el país, el de Barranco Seco en Gran Canaria y el de Hoya Fría en Tenerife. Los CIE son establecimientos dependiente del Ministerio del Interior y que están bajo custodia del Cuerpo Nacional de Policía, donde se retienen a las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular.

Con el fin de hacer las Islas un territorio libre de estas cárceles para inmigrantes, ocho asociaciones canarias, entre las que se encuentran la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Acciónenred-Canarias, Cáritas Diocesana o Médicos del Mundo, y una veintena de personas a título individual han fundado la plataforma Canarias Libre de CIE (CLC).

Los orígenes de esta plataforma se remontan a finales del pasado año y tras varios meses de formación el proyecto ya tiene cuerpo. Este miércoles, frente a la Delegación del Gobierno en la que sigue protestando Takbar Haddi, han desplegado una pancarta y se han dado a conocer.

Tal como Juan Carlos Lorenzo, coordinador regional de CEAR, comenta, CLC quiere promover un replanteamiento del modelo en la llegada de inmigrantes irregulares y apostar por tratar a estas personas desde el punto de vista humanitario en lugar de "como un problema de seguridad".

Lorenzo señala que estos centros vulneran "sistemáticamente" los derechos humanos y explica que los inmigrantes que son encerrados en los distintos CIE viven "sometidos a un régimen penitenciario totalmente injustificado". Injustificado porque lo único que han hecho es cometer una falta administrativa, la llegada irregular, "y ni siquiera son responsables de un delito".

Según comenta Jenny Sadhwani, de Acciónenred, las alternativas que proponen son aquellas en las que no se vulneren los derechos humanos, entre ellos los pisos tutelados "que hasta le Ley de Extranjería recoge". Como Lorenzo añade, lo que quieren es el replanteamiento del modelo en el que el CIE no tenga cabida a través de medidas "no lesivas" con respecto a las personas y a los derechos de las personas inmigrantes. Para ello esperan que los responsables políticos canarios se manifiesten ya que detrás de los derechos humanos "está la responsabilidad política", y animan a otras asociaciones y ciudadanos a que se adhieran a la iniciativa.

El coordinador de CEAR también recuerda que el internamiento de los extranjeros, hoy sistemático, es "una medida excepcional que en la práctica se ha convertido en norma" y subraya que los CIE existen "por esa política de que las personas tienen que ser expulsadas y devueltas a sus países de origen cuando están en situación irregular" aunque la realidad es "que escasamente el 30% de las personas son devueltas" lo que demuestra que los centros "son inútiles porque no responden a la finalidad por la que se crearon". Además, Lorenzo sostiene que cuando estas personas quedan libres tras estar internadas se quedan "en la más absoluta situación de exclusión social".

Así mismo, Sadhwani ha hecho hincapié en que en el caso de Barranco Seco no existe el papel de trabajadores sociales y que las organizaciones sociales que tienen permiso para poder entrar son muy reducidas y les ponen dificultades para poder trabajar "con y para las personas". A ello le añade que el servicio médico disponible para las instalaciones acude una vez a la semana y está externalizado. Sobre las infraestructuras en las que se permiten las visitas externas, estas son muy reducidas, pequeñas "y siempre con la presencia policial".

Aparte, la representante de Acciónenred ha denunciado que las personas migrantes no pueden recibir ni realizar llamadas telefónicas, por lo que quedan incomunicados, y en el caso de las mujeres la discriminación es doble porque no hay personal policial femenino y los kits de higiene no incluyen material específico para ellas.

Desde la plataforma apuntan que el propio Ministerio del Interior ha reconocido, tras el pronunciamiento del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria y de control del CIE de Barranco Seco, que se incumple el Reglamento de los CIE por las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige. "Cuestiones presupuestarias nunca pueden ser una excusa para violar los derechos fundamentales", advierten desde CLC.

Cuestionados sobre qué es lo que falta en estos espacios opacos, Sadhwani opina que sobre todo se nota la carencia del perfil humanitario por parte de los gerentes. "Son personas que su situación de vulnerabilidad es muy alta, tenemos que protegerlos y tenemos que estar a la altura para hacer una primera acogida y proporcionar procesos de integración que facilite todo el desarrollo. El personal policial no tiene esas capacidades actualmente, pero tampoco tiene por qué tenerlos. Abogamos por el desmantelamiento progresivo para que la sociedad sea más democrática e igualitaria", concluye.  

Los CIE canarios, fuera del acuerdo con la Cruz Roja

Por otro lado, el pasado lunes el Ministerio de Interior hizo público que destinó 823.500 euros para el desarrollo y la prestación de programas de asistencia social y humanitaria a los extranjeros ingresados en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras y Tarifa, dejando fuera de esta partida a Barranco Seco y Hoya Fría.

Según afirman desde el Gobierno, con esta subvención se financia las actuaciones en materia de intervención con todas las personas internas en estos centros y, en especial, la interpretación de lenguas y relaciones familiares con el exterior y la tramitación de documentos para el restablecimiento del contacto familiar aquí y con los países de origen de los internos, así como la mediación social para favorecer el diálogo y la comprensión mutua entre los internos y las autoridades con el fin de prevenir y reducir los posibles conflictos, además de facilitar toda la información sobre los requisitos para solicitar protección internacional.

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