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Objetivo: cerrar el CIE de Barranco Seco

Acción en Red celebró este jueves una charla con el fin de formarse jurídicamente para echar a andar un proyecto que muestre la realidad del Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital grancanaria

La fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, el abogado miembro de la Asociación Arrímense Daniel Arencibia y Javier Montes, miembro de la Pastoral Penitenciaria para el CIE, dieron sus puntos de vista sobre esta situación

El objetivo final de la iniciativa es unirse a los movimientos estatales que abogan por el cierre de estas cárceles

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Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco

Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco ALEJANDRO RAMOS / Las Palmas de Gran Canaria

En Canarias en estos momentos existen dos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el de Barranco Seco en Gran Canaria y el de Hoya Fría en Tenerife. Hace tres años y medio eran tres, con el de El Matorral en Fuerteventura, aunque el Ministerio de Interior decidió su cierre por el descenso de llegada de personas en situación irregular en esa isla. Ahora Acción en Red  en Gran Canaria quiere sacar a la luz la realidad del CIE de la capital grancanaria, situado en una antigua prisión, y adherirse al movimiento estatal que lucha por el cierre de los mismos, como son los casos de Tanquem els CIE o CIEsNo.

Para ello son conscientes de que es necesaria la formación para hacer frente a esta realidad difícil, y por ello organizaron este jueves una charla en la que intervinieron Inés Herreros, jurista especializada en exclusión social y fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales; Daniel Arencibia, abogado y miembro de la Asociación Arrímense; y Javier Montes, jesuita miembro de la Pastoral Penitenciaria. Desde su experiencia los tres aclararon dudas y mostraron el día a día de sus respectivos trabajos.

La primera en tomar la palabra fue Inés Herreros, quien opinó que a la hora de hablar de extranjeros la justicia y la sociedad utilizan unas gafas que distorsionan la realidad y con ello también los derechos fundamentales que se viven en estos centros que, al igual que los otros dos ponentes, definió como cárceles. Desde su punto de vista, para luchar contra estas injusticias hay que conseguir una solidaridad que parta desde el individuo, que se refuerce en las asociaciones y con ello se presionen a los poderes superiores.

Uno de los mecanismos que la jurista entiende como básico es el uso de un lenguaje correcto. De hecho, aboga por dejar de hablar de inmigrantes que viajan en patera y comenzar a usar el término extranjeros que hacen un viaje y que se ven obligados a hacerlo en barcas porque no pueden realizarlo por otros medios. Herreros animó a los asistentes a que comiencen a dar esos pasos para que puedan conseguir lo que hace ocho años se intentó con el movimiento Que el derecho no se quede en las puertas de los CIE.

La fiscal también quiso explicar que el CIE no es más que una cárcel para personas extranjeras que no han cometido delitos, simplemente una infracción administrativa replicada como si fueran delincuentes, y que en el caso de Canarias, por lo general, sus reclusos son hombres y mujeres que han llegado por vías alternativas a las tradicionales. "Lo pasan mal y sienten miedo en la travesía, otros ven morir a familiares y parejas....pero cuando llegan son recibidos por la policía", apunta, y compara estas duras travesías, en las que a veces sufren tragedias, como la ocurrida esta semana en la que volcó una patera, frente a una tragedia en Europa como un accidente de guagua, tren o avión en la que se atiende con todas las facilidades a víctimas y familiares. Y es que, cuando llegan, en muchas ocasiones van directos a la comisaría.

Por su parte, Daniel Arencibia comentó que hay que aprovechar el momento actual para mostrar "estos agujeros y repensar qué hacemos con estas personas ya que el hombre es creativo para nuevas medidas". De hecho, puso como ejemplo que si a "Rato no es necesario hacerle preso hasta que se le condene, también se pueden pensar mecanismos con medidas menos dolorosas y dramáticas, además de baratas", porque cree que en los CIEs se están tirando recursos.

Desde su experiencia como abogado que ha llevado casos relacionados con personas en situación irregular, subraya que los internos tienen dificultades para acceder a la administración y que además se van relajando las garantías mínimas porque la sociedad no se entera de lo que está ocurriendo. No obstante, asegura que una característica de la gente que lucha por el cumplimiento de los derechos humanos es que no decae en su empeño.

"El Estado se aprovecha de la falta de interés social", afirma el letrado, quien pone como ejemplo que existe un reglamento para regular el funcionamiento de estos centros y no se está cumpliendo,  como así lo admitió el Ministerio de Interior hace un mes. Sin embargo, Arencibia alentó a los asistentes y al resto de la sociedad a llevar a cabo "pequeñas conquistas", como por ejemplo las quejas que se pusieron ante el Defensor del Pueblo en 2014 que permitieron que se dotaran a las instalaciones de colchones en las camas para descansar y maquinillas desechables para evitar que estas personas se contagiaran enfermedades.

Entre los asistentes surgieron dudas de cómo poder echar a andar un movimiento en Canarias para lograr el cierre de un CIE, pero tanto Arencibia como Herreros recomendaron comenzar por lo básico, dotar de intérpretes a estas personas porque, aunque tienen derecho a uno, muchas veces conversan con él 20 minutos al llegar y el resto de días no lo vuelven a ver, impidiendo conocer la situación personal de cada uno. Lo mismo sucede con los abogados de oficio, que en ocasiones lo ven al llegar y después se desentienden del caso. O entregar ropa "digna" ya que a veces la única vestimenta que tienen es la que le da la Cruz Roja cuando llegan a tierra. 

"Se encadenan situaciones que da la impresión que el cumplimiento de los derechos humanos brilla por su ausencia" opina Arencibia, quien puso como ejemplo que tras los 60 días aquellas personas que no pueden ser devueltas a su país "en aviones oscuros de Air Europa", se quedan en un limbo jurídico ya que están sin permiso para residir pero tampoco se les puede echar. 

"Nos dicen que no es una prisión, pero es una cárcel"

Javier Montes es miembro de la pastoral penitenciaria. Este jesuita comentó que todos los jueves visita Barranco Seco y durante dos horas está con las personas que viven allí. Lo primero que hace es "pedir  perdón a los internos en nombre de mi país, por darles esta acogida". Este jueves aprovechó su estancia semanal en el centro para explicarle a los 40 hombres que están en estos momentos malviviendo allí (39 de países del África occidental y uno de Albania) que iba a dar una charla por la tarde para hacer visible lo que aquí se vive. Los hombres le pidieron que dijera lo siguiente: "Nos dicen que no es una prisión, pero esto es como una cárcel. Les dan poca ropa, hay poca comida y a veces no les dejan repetir, que dos meses es mucho tiempo para estar cerrado, vienen del ámbito rural y se encuentran con unos muros muy altos, les da miedo estar ahí. También dicen que no vienen por gusto, vienen porque en su tierra no tienen oportunidades, a veces no duermen por los perros que ladran por la noche (al lado del CIE está situada la perrera de la Policía) y por la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no les atienden bien médicamente, no tienen chanclas y sobre todo no tienen información".

Montes ratifica que en muchas ocasiones él es quien aconseja a estas personas qué tienen que hacer porque no existen servicios de información jurídica. "Hay una deficiencia, no se cumplen los requisitos mínimos", aclara, y añade que le da "pena que no exista una plataforma en Canarias para el cierre de los CIEs". Desde su percepción, lo que hay que hacer es mejorar la situación actual y esto pasa por sensibilizar a la gente de Gran Canaria informando y contando la realidad y después moverse a nivel político para lograr tapiar estas prisiones encubiertas.

En el encuentro también estuvo como público Victoria Rosell, quien antes de ser candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas era la jueza de control de garantías en Barranco Seco. En su opinión, "sería una victoria de la sociedad civil" poder comunicarse con los internos, aludiendo a la falta de visibilización de estas personas, y también sostuvo que Canarias es el sitio ideal para que no existan CIEs ya que al ser un archipiélago se puede tener controlar mejor a los hombres y mujeres. "Sería el mejor sitio del país para que una asociación ofrezca recursos y acompañamiento", proyectó, y mostró su esperanza porque con las nuevas instituciones que hay, "se pueda hacer".

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