Malestar entre los médicos del Insular por el ‘carpetazo’ exprés de la Fiscalía a su denuncia contra el colapso de Urgencias
Los médicos que denunciaron ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas el colapso asistencial en el servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria han expresado este martes su malestar por el archivo de las diligencias incoadas por el Ministerio Público a mediados del pasado mes de abril. Los profesionales sanitarios lamentan que la Fiscalía haya dado carpetazo a la causa en poco más de dos meses sin haberles solicitado documentación adicional para poder acreditar los hechos puestos de manifiesto en el escrito inicial, en el que culpaban de la “inaguantable” saturación a la “desidia” de la administración.
En esa denuncia, 23 de los 26 médicos que forman parte de Urgencias (todos menos el jefe de servicio y los dos últimos jefes de sección, el actual y su predecesor) describían un escenario con pacientes hacinados en los pasillos, “en condiciones no aptas para su salud, inmovilizados en camilla, prácticamente encerrados sin luz solar ni aire natural”. Los trabajadores del Hospital Insular alertaban en ese escrito de una sobrecapacidad del servicio que llega en momentos puntuales al 200% y de situaciones extremas convertidas en habituales, como la imagen de pacientes viviendo durante meses en el área por falta de camas de hospitalización o sociosanitarias a las que ser trasladados. Un desbordamiento que, según los facultativos, incrementa las posibilidades de error en la cadena asistencial y ha generado el caldo de cultivo que ha desembocado en las amenazas vertidas contra ellos en las redes sociales.
La respuesta de la Fiscalía, adelantada por Canarias 7 en su edición de este martes, llegó en forma de decreto de archivo fechado el pasado 25 de junio, es decir, dos meses y dos días después de que la causa fuera remitida por la jefa provincial, Beatriz Sánchez, a la decana de la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Provisión de Apoyos, María Rosa Rubio. El Ministerio Público ya había descartado desde un principio responsabilidades penales en la actuación de la administración autonómica. Dos meses después tampoco ha apreciado, en el ámbito civil, un funcionamiento “anormal” del servicio como para emprender acciones colectivas en defensa de los pacientes afectados por el colapso de las urgencias.
La portavoz del Ministerio Público ha explicado a Canarias Ahora que la decisión se ha basado en la documentación aportada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que incluye un informe de 16 folios firmado por el aún titular del área, José Manuel Baltar, y “otros escritos”. Desliza que la denuncia presentada era muy escueta, “de apenas un folio y medio”, aunque reconoce que no se solicitó información adicional a los médicos. “La podían haber presentado de antemano”, responde la misma fuente al ser cuestionada por esa posibilidad de ampliación. “A nosotros se nos tiene prohibido hacer investigaciones prospectivas”, ha añadido en alusión a aquellas pesquisas que se abren en virtud de hechos “meramente sospechosos” y que se sustentan en la búsqueda de indicios de delito.
El archivo de la Fiscalía ha caído como un jarro de agua fría entre los médicos, que sienten que se han juzgado los hechos sin escucharles (ninguno de los profesionales ha sido citado a declarar) y sin darles la oportunidad de presentar nuevos documentos para corroborar sus afirmaciones. Sostienen que, por el contrario, el Ministerio Público ha dado por buenos los argumentos esgrimidos por la Consejería de Sanidad en un informe que no han podido contrastar y que contiene datos y aseveraciones que, en su opinión, no son fiel reflejo de lo que sucede cada año en el servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria ni responden a las inquietudes y preocupaciones manifestadas durante los últimos años por los profesionales del área.
Los denunciantes, que cuentan, entre otros, con el apoyo de más de 500 profesionales del complejo hospitalario y del Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, ya estudian las próximas acciones a acometer para dar respuesta al archivo decretado por la Fiscalía.
Alegaciones de Sanidad
El escrito de archivo del Ministerio Público reproduce buena parte de las alegaciones formuladas por el consejero de Sanidad en ese informe de 16 folios. El equipo de Baltar sostiene que el servicio de Urgencias del Hospital Insular adolece desde su inauguración de importantes problemas estructurales, “básicamente por falta de luz natural y de espacio”, y defiende que en la última legislatura se han invertido 2,8 millones de euros en equipamientos, infraestructuras y recursos humanos para paliar estas carencias, al tiempo que insiste en confiar la solución de los problemas a la próxima ampliación del complejo a través de la cesión por parte del Cabildo de Gran Canaria de las dependencias anexas al antiguo Colegio Universitario de Las Palmas, una solución que tampoco convence a los profesionales del centro, que la han catalogado como un parche más.
En relación con la masificación de las Urgencias, Sanidad defiende en su escrito que la media diaria ha disminuido (de 223 a 220 pacientes) este año, aunque no la de ingresos hospitalarios, que se ha incrementado de los 31 a los 34, y que el ligero descenso en la tasa de mortalidad revela que la calidad asistencial no ha empeorado. Asegura que se han tomado medidas contra la saturación, como el incremento de la hospitalización a domicilio o de la derivación a centros concertados, incluidos fines de semana y festivos.
Según los datos recogidos en el informe de la Consejería, el número de pacientes que permanecen ingresados más de 24 horas en espera del alta o de una cama de hospitalización sí que ha aumentado, del 5,4 al 8,20%. Y esta es, precisamente, una de las constantes reivindicaciones de los médicos del servicio. “No es vida estar tres meses en un pasillo, vivir en una camilla sin tener opción de un sillón, de caminar o de ver la luz, perdiendo toda humanidad en el trato porque la administración no tiene otros recursos”, exponían en su denuncia. Baltar reconoce en su informe el aumento de los problemas sociales en los usuarios del hospital, es decir, la permanencia en el servicio de Urgencias después del alta hospitalaria por falta de apoyo familiar o social, pero espera resolverlo con el concierto de 700 camas de media y larga estancia.
Con todos estos datos, la Fiscalía insta a poner “punto y final” a esta situación de colapso en Urgencias del Hospital Insular para “permitir una mejor asistencia al ciudadano que la precisa”, para lo que cree necesario dar “la máxima prioridad” a la creación de un servicio nuevo, “ya sea en las dependencias anexas del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (…), ya sea en cualquier otro lugar”. Y ello porque “el actual servicio de Urgencias adolece de problemas estructurales desde sus mismos comienzos y lo más que se ha podido hacer es paliar puntualmente tales problemas sin acometer -por no ser posible en su ubicación actual- la transformación efectiva que se requeriría”. La representante del Ministerio Público también apremia a las administraciones a mejorar la coordinación para la derivación de pacientes a centros sociosanitarios “con pleno respeto a su dignidad”.
La Sección de lo Civil de la Fiscalía de Las Palmas no ve motivos para iniciar una acción colectiva en defensa de la salud de los pacientes, aunque recuerda que a cada uno de ellos, de manera individual, le asiste su derecho propio a reclamar para obtener un servicio adecuado.
