Los tres acusados del crimen del taxista se enfrentan a una pena de 22 años
Un tribunal popular juzgará a partir de este lunes a los tres jóvenes que se enfrentan a 22 años de cárcel por el crimen del taxista Antonio Hernández Rosales en las inmediaciones del Hospital Psiquiátrico de Marzagán, en Gran Canaria, donde apareció degollado y desangrado en 2002.
Las calificaciones provisionales del fiscal relatan que Roberto Carlos Jurado Almeida, Jauad Soussy, de 24; y Ángel Yeray Santana Márquez, de 25, tomaron el taxi conducido por Antonio Hernández en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria en la mañana del 9 de abril de 2002 y acordaron dirigirlo hasta una zona deshabitada para robarle la recaudación.
Para ello le pidieron que se dirigiera al camino de la Cuesta del Parrado, en Marzagán, y Roberto Carlos se sentó delante y los otros dos acusados detrás, y, una vez que llegaron, le exigieron al taxista que les entregara el dinero que llevaba, pero el trabajador se negó.
“Con total menosprecio a su vida”, los acusados comenzaron a apuñalar al taxista en la cabeza y el pecho mientras Antonio Hernández trataba de defenderse con las manos, pero se vio impotente porque no tenía armas y los agresores eran tres, relata el fiscal en su escrito.
El taxista consiguió descolgar la emisora del taxi y pedir auxilio a la centralita, pero entonces los acusados, dispuestos a matarlo para evitar ser identificados, le cortaron el cuello y acabaron con sus resistencias, explica.
Los acusados dejaron a Antonio Hernández tirado en el camino desangrándose y huyeron, aunque primero cogieron el taxi y lo llevaron a un camino próximo y lo llenaron de paja para quemarlo y borrar sus huellas pero sin éxito porque el coche no ardió, tras lo cual se marcharon.
Antonio Hernández sufrió diversidad de heridas, como cortes en el globo ocular izquierdo y varias más en la cabeza, tres en el tórax y en el cuello dos, una grande y profunda, además de cortes en manos y dedos.
En total, su cuerpo presentaba un veintena de heridas incisas producidas con arma blanca de las que resultó mortal el degüello, que le produjo un “shock hipovolémico y posterior parada cardiorrespiratoria”, detalla el escrito.
Los hechos, prosigue el fiscal, son constitutivos de un delito de asesinato y robo con violencia en grado de tentativa, por lo que pide para cada uno veinte años por el crimen y dos por el intento de robo, además de una indemnización de 180.000 euros a sus herederos.
Las peticiones del fiscal son, en cualquier caso, menores que las de la acusación particular personada en el proceso, que ejerce la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, representada por la procuradora Beatriz de Santiago.
Ésta coincide en el relato de los hechos y en la tipificación de los delitos presuntamente cometidos por los tres jóvenes con el fiscal, si bien pide para cada uno penas de cinco años de prisión por el robo con violencia y de veinticinco años por el asesinato.
Así mismo, eleva la cuantía de la indemnización para los herederos de la víctima, hasta los 240.404 euros, y demanda que la Administración sea responsable subsidiaria en el caso de uno de los acusados que estaba fugado de un centro de menores.
“Como el acusado Roberto Carlos Jurado Almeida, en el momento de la comisión de los hechos, se hallaba fugado del centro de menores de la Montañeta, interesa a esta parte se declare la responsabilidad subsidiaria del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto a su responsabilidad por las transferencias competenciales en materia de centros de menores”, refiere la procuradora.
