Un pirata del 'Alakrana' pide personarse como acusación porque fue disparado durante su detención
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El presunto pirata somalí Raageggesey Hassan Adji ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz poder personarse como acusación en la causa que se sigue contra él y su compañero Cabdullahi Cabdiwily, alias 'Abdu Willy', por el secuestro del atunero 'Alakrana' a causa del disparo que recibió cuando fue detenido el pasado 3 de octubre, informaron este martes fuentes jurídicas.
En un escrito remitido al juez, que se ha visto obligado a volver a instruir la causa contra los dos presuntos piratas por orden de la Sala de lo Penal, el abogado de oficio de Hassan Adji solicita que su cliente pueda ejercer la acusación en este procedimiento, tal y como hacen cuatro de los 16 marineros españoles que fueron privados de libertad durante 47 días.
La petición del presunto corsario, que ni siquiera explicita si su acusación se dirigiría contra los miembros de la fragata 'Canarias' que le detuvieron, será resuelta en las próximas horas por el juez Pedraz, aunque fuentes jurídicas adelantaron que una solicitud de estas características tiene escasas probabilidades de prosperar, ya que el somalí ya está personado en la causa como procesado.
UN DISPARO SUPERFICIAL EN EL PECHO
Hassan Adji sufrió “una herida de bala con orificio de entrada y salida a la altura del pecho, de carácter superficial” y que no afectó a “ningún órgano vital”, según recogía el auto dictado el pasado 5 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que ordenó el traslado “urgente” a España de los dos detenidos.
Los dos somalíes, que habían abandonado el 'Alakrana' en un esquife, fueron detenidos por dos equipos de asalto de la fragata 'Canarias' después de que un helicóptero de apoyo les informara de que ambos “se hallaban tumbados y cubiertos con una manta en la zona de popa”.
“Cuando se hallaron a unos cinco metros del esquife, se ordenó a los ocupantes que se incorporaran y se trasladaran a proa, sin resultado positivo”, según relataba el auto de Garzón, que sustituyó a Pedraz al comienzo de la instrucción.
En vista de la “renuencia a obedecer las órdenes” de los dos somalíes, el jefe del equipo de asalto “decidió proceder al abordaje del esquife”, momento en el cual “una de las personas se levantó brusca y repentinamente iniciando un movimiento sospechoso con la mano, por lo que miembros de las fuerzas asaltantes hicieron dos disparos de intimidación, constatándose después que uno de ellos había impactado en los ocupantes del esquife”.
DILIGENCIAS PENDIENTES
Pedraz se vio obligado a reabrir la investigación sobre el secuestro del 'Alakrana' después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal revocara el pasado 9 de febrero el auto de conclusión del sumario y le ordenara la práctica de varias diligencias que consideraba “ineludibles” para la investigación antes de la celebración del juicio oral.
En este sentido, el juez libró un oficio en el que ordenaba a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que investigue si existe alguna “posible vinculación” entre el grupo de piratas que secuestro el atunero español 'Alakrana' y la red terrorista Al Qaeda, tal y como apuntaba un informe policial.
Al mismo tiempo, ordenó que el jefe de máquinas del 'Alakrana', Víctor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez sean sometidos a un informe forense que determine los daños físicos y psíquicos que pudieron sufrir durante su cautiverio.
El instructor también ha remitido un requerimiento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para pedirle que identifique a las “personas, empresas, grupos y bufetes nacionales o internacionales” que pudieron participar como “intermediarios o destinatarios” en el pago del rescate que habría permitido la liberación del atunero, que los propios piratas elevaron a 2,7 millones de euros.
Los dos somalíes están procesados por 36 delitos de detención ilegal --uno por cada uno de los tripulantes del pesquero secuestrado-- y robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de entre 219 años y medio y 365 años de cárcel.
