Alertan de las condiciones ''intolerables'' de los centros de retención
“Condiciones de retención intolerables” desde el punto de vista de la higiene, hacinamiento, insuficiente asistencia jurídica, sanitaria y psicológica y falta de solidaridad con los socios europeos más expuestos a los flujos migratorios, son algunos de los aspectos que recoge el proyecto de informe del Parlamento Europeo (PE) sobre la apliación de las normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo.
El proyecto de resolución lamenta las numerosas insuficiencias detectadas particularmente en cuanto a la asistencia jurídica y las condiciones de retención.
El texto, cuya ponente es la eurodiputada socialista francesa, Matine Roure, ha sido adoptado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (Libe) de la Eurocámara con 50 votos a favor y 2 en contra. El pleno emitirá su voto respecto al mismo el 5 de febrero en Estrasburgo (Francia).
Para la redacción de este proyecto de informe, Roure ha tenido en cuenta los documentos alaborados por las delegaciones de esta comisión parlamentaria a los centros de Canarias, así como de Ceuta y Melilla, de Lampedusa (Italia), de París (Francia) y de Malta, Grecia, Bélgica, el Reino Unido, los Países Bajos, Polonia, Dinamarca y Chipre.
En este sentido, una representación de 11 europarlamentarios visitó, en junio de 2006, los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) de Las Raíces (Tenerife) y El Matorral (Fuerteventura).
Los eurodiputados revelan que, durante sus visitas a los centros europeos, constataron en repetidas ocasiones que las “condiciones de retención eran intolerables en cuanto a la higiene, el hacinamiento y el estado de los equipamientos disponibles” y que “no se estaba procediendo a informar de manera sistemática a las personas retenidas ni de las razones de su detención”. Además muestran su preocupación por la aplicación de “condiciones penitenciarias”.
El proyecto de resolución recoge las quejas de las personas retenidas, incluso de mujeres embarazadas y víctimas de tortura, ante la insuficiente atención sanitaria. Por ello insta a los socios comunitarios a que amplíen los servicios médicos más allá de las urgencias e incluyan los cuidados psicológicos.
Igualmente, el proyecto de informe de la Eurocámara, plantea a los Veintisiete que permitan el libre acceso por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
No retener a los menores
En cuanto a los menores no acompañados (Menas), el borrador de resolución considera que cada niño debe contar con un responsable legal y pide que se prohíba su detención, la cual sólo debería llevarse a cabo de forma excepcional, y en centros aparte, cuando no esté solo sino junto a sus progenitores. Los menores debe tener acceso a al educación y al ocio propio de su edad, según el texto.
En el caso de las personas vulnerables ?como víctimas de tortura o de trata de seres humanos-, el proyecto de resolución de la Eurocámara opina quen no deben estar retenidas e insta a los socios europeos que les conceda una asistencia especializada. También pide al Ejecutivo comunitario que defina normas comunes obligatorias para su identificación.
Prioridad a los centros abiertos
El documento lamenta la reducida capacidad de algunos de estos centros ya que no responden a las necesidades reales y considera que la acogida debe realizarse preferentemente en “centros abiertos”.
Además, indica que nunca deberían denegarse las condiciones de acogida básicas como “alimentación, alojamiento y cuidados sanitarios”.
Asimismo, el 'informe Roure' expresa su “preocupación” por la “falta de intérpretes” constatada en algunos de los centros visitados y por las restricciones en el acceso a la asistencia jurídica que, en ocasiones, se “limita a una lista con nombres de abogados”. Un acceso a la justicia aún más complicado cuando las personas son trasladadas de un centro a otro, asegura.
Un sistema de inspección permanente
El proyecto de resolución de la Eurocámara pide a la Comisión Europea que “desarrolle un sistema de visita e inspección permanente” así como que estudie la posibilidad de proponer un “instrumento europeo de reparto de las cargas”.
También solicita a los Estados miembros que muestren una mayor “solidaridad”, que vaya más allá de los ámbitos técnicos y financeros, con los socios más expuestos a los flujos migratorios y los critica por aplicar “mal” o incluso saltarse las normas existentes para la acogida. No osbtante, el proyecto no cita a los países que suspenden en la aplicación de las directivas de 'acogida' y 'procedimiento' de los demandantes de asilo.
