Berriel ignora las críticas de la comunidad científica
“La comunidad científica no puede sustituir la voluntad del Parlamento canario respecto al nuevo catálogo de especies amenazadas de Canarias”, aseguró este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Gobierno de Canarias, Domingo Berriel.
En respuesta a las críticas vertidas por miembros de la comunidad científica de las Islas y diversas organizaciones conservacionistas que afirman que el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias carece de “rigor científico”, Berriel aseguró que la Consejería de Medio Ambiente, a través del Servicio de Biodiversidad y la Dirección General de Medio Natural ha encargado “múltiples estudios técnicos” que avalan este registro.
“Se ha invertido mucho dinero en informes técnicos que contrastan la evolución de todas las especies incluidas en el Banco de Biodiversidad y que permiten conocer la cantidad de cada una de ellas”, afirmó.
Añadió que el nuevo catálogo canario se ha elaborado en base a información técnica “de primera magnitud”, en la que se incluye una evaluación de especies, con fecha de 2009.
Agregó que no existe ninguna publicación científica que rebata lo “que se ha hecho en este registro” y señaló que “se están afirmando cosas que son falsas como que se desprotegen especies del catálogo estatal”.
Complementario del catálogo estatal
Aseguró que el registro regional es complementario del catálogo estatal como se apunta en el primer artículo de la ley que está siendo elaborada por el Parlamento, y garantizó que las especies protegidas en éste conservan su protección.
Aludió al catálogo de especies vigente, que data según indicó, de 2001, registro “que no contó con información científica, ni técnica”, y que fue elaborado mediante un decreto que “ni siquiera salió a información pública”, aseveró Berriel.
“¿Por qué tengo que consultar con las universidades canarias, si no se hizo con el catálogo anterior?”, se defendió el consejero.
“No es una iniciativa del Gobierno, éste la hubiera hecho con más calma, y si así fuera se habría echo una consulta” añadió.
Se refirió a un informe emitido por el Consejo Consultivo de Canarias en relación a la proposición de ley presentada por Coalición Canaria para la elaboración de este catálogo y en el que, según afirmó, se indica que la ley “es correcta desde el punto de vista de la legalidad”.
Comentó también que “las únicas sugerencias” efectuadas por el Consejo se refieren a modificaciones en el orden de los artículos, pero no en su contenido y la incorporación de un par de especies que quedan fuera del catálogo estatal como consecuencia de la eliminación en este registro de la categoría que las englobaba.
Reivindicó el interés de los grupos parlamentarios para reunirse con grupos científicos y asociaciones conservacionistas, invitación que según afirmó fue rechaza por éstos “hasta que no se retire la ley”.
Plataforma 'Sí se puede'
Aseguró que la “gran oposición” a este catálogo procede de la plataforma Sí Se Puede, colectivo que según indicó “más que rechazar el catálogo rechaza el desarrollo del Puerto de Granadilla”, infraestructura que según los grupos ecologistas “se vería beneficiada por la desprotección de los sebadales que potencia el nuevo catálogo regional”.
“Es un catálogo regional complementario al estatal, mucho más riguroso que el registro actual, válido, moderno, y adaptado y que no se hace por la puerta de atrás, sino en el seno de la discusión parlamentaria”, afirmó el consejero antes de la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC).
Este organismo acordó este miércoles la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación del municipio tinerfeño de Guía de Isora, informa la Consejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Su entrada en vigor está condicionada a la subsanación por parte del Ayuntamiento de la localidad de una serie de consideraciones establecidas por la COTMAC.
Medio Ambiente también dio luz verde a la inserción de la Memoria Ambiental en los planes generales de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y del municipio de Vilaflor en Tenerife.
