El Cabildo de Gran Canaria reclama la instalación de ciclotrones para atender la demanda de pruebas oncológicas

El Cabildo de Gran Canaria reclama a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la instalación de ciclotrones en las islas en las que se realizan tomografías por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC), una prueba diagnóstica fundamental para la estadificación y el seguimiento de pacientes oncológicos y, en la mayoría de los casos, necesaria antes del inicio de los tratamientos, cuya demanda e indicaciones clínicas han crecido de manera exponencial en los últimos años y que no puede ser atendida en los servicios de Medicina Nuclear de los centros hospitalarios canarios.

La Corporación insular sostiene que, en estos momentos, la demanda de la prueba es tan alta que la agenda de este servicio está completa hasta finales de enero de 2024, por lo que un paciente oncológico que necesite la prueba antes de iniciar la terapia se ve obligado a esperar más de lo deseable para poder ser tratado.

En estas circunstancias, el Cabildo, que en su último Pleno aprobó una moción en este sentido defendida por los grupos que conforman el Gobierno grancanario, Nueva Canarias y Partido Socialista Canario-PSOE, constata que, hoy, el Archipiélago dispone de cinco tomógrafos: dos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife; uno en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín; uno en Hospitales San Roque de Gran Canaria y otro, en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Pero, el problema es que en Canarias no existe ni un solo ciclotrón, que es el equipo que produce el 18F-FDG, el radiofármaco más utilizado para la realización de esas tomografías. De ahí que los servicios de Medicina Nuclear canarios tengan que depender necesariamente de los ciclotrones de Madrid, para el abastecimiento diario de este radiofármaco.

“Todo esto implica nuevos inconvenientes para las y los profesionales médicos, porque se debe tener en cuenta que el 18F-FDG posee una semivida radiactiva inferior a las dos horas, es decir, que cada dos horas se dispone para una misma cantidad de radiofármaco de menos de la mitad de la radiactividad inicial. Una circunstancia que se torna esencial, puesto que la producción se recibe en los centros hospitalarios canarios a las ocho de la mañana, cuando ha ocurrido en el ciclotrón de Madrid, generalmente, a las doce de la noche anterior, lo que significa que a las Islas llega un 6% de la actividad producida”, indica la Corporación insular en un comunicado.

“Además, a ese problema hay que añadir que la legislación en vigor es muy estricta tanto con los vuelos que pueden traer el material radiactivo desde Madrid como con la actividad máxima que les autorizan a transportar, y que esos ciclotrones también abastecen a centros de la propia Comunidad madrileña y de zonas cercanas”.

“Es preciso hacer hincapié en que la producción de 18F-FDG que se queda en la Península, al no sufrir la degradación por el paso del tiempo indicada, es mucho más rentable para la empresa que la produce. Y eso, en la práctica, se traduce en que cinco dosis que se puedan recibir en las Islas en un primer envío de la mañana equivalen a unas 85 dosis en el momento de la producción en Madrid, lo que hace que sea imposible reducir la lista de espera en Canarias”, señala el Cabildo.

A esta situación se le sumó un nuevo agravante el pasado 16 de octubre, cuando, como expone el Gobierno insular en su reclamación, se produjo una avería en un ciclotrón de Madrid, que llevó a la empresa suministradora a anular los envíos del radiofármaco, que no se recibió en Gran Canaria hasta el día 24 de octubre, lo que obligó al servicio del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil a suspender más de 65 estudios a pacientes oncológicos. Por tanto, “teniendo la agenda llena hasta enero de 2024, la situación se vuelve cuanto menos dramática”, lamenta el Cabildo en su argumentario.

Por último, la Corporación grancanaria señala una última complicación: las consecuencias económicas, ya que el coste de la dosis de 18F-FDG en Canarias es de unos 560 euros, cuando en la Península está en torno a los 180. Un precio muy elevado para las Islas, que se genera, de nuevo, por la cantidad que hay que producir para que al Archipiélago llegue una dosis, debido a su degradación.

En definitiva, el Cabildo de Gran Canaria concluye que depender de los ciclotrones de Madrid supone numerosas desventajas, puesto que Gran Canaria no solo deja de recibir el radiofármaco en caso de que haya una avería o un problema en la producción en los ciclotrones de Madrid, que es algo que ocurre con frecuencia, sino que también depende de los vuelos que transportan la mercancía y que, en muchas ocasiones, ya sea por cambios de horario, por cancelaciones o por errores al subir la carga, entre otras causas, provocan trastornos en el servicio. Más en concreto, por unas razones u otras, hasta septiembre 2023, el servicio se ha visto obligado a cancelar más de 400 estudios, por problemas relacionados con el abastecimiento del 18F-FDG.

Condiciones de instalación más favorables

En este escenario, el Gobierno insular recalca que las condiciones para la instalación de ciclomotores en el Archipiélago son ahora mucho más favorables que antes. Porque, cuando se empezó a plantear esta idea, en Canarias solo existían los ciclotrones industriales, que necesitaban una gran instalación y un gran equipo para trabajar en ellos. Pero, en la actualidad, se dispone de opciones mucho más reducidas, que van desde los llamados ‘Babyciclotrones’, que permiten obtener radiofármacos PET de una manera sencilla, aunque no en las cantidades necesarias para la práctica clínica, hasta los ciclotrones de gama media, capaces de producir un elevado número de 18F-FDG, que permitirían estudiar diferentes tipos de tumores y en una cantidad que haría posible realizar un mayor número de estudios diarios y acabarían así con los problemas de citación y de lista de espera.

Finalmente, en la solicitud se incide en que esos ciclotrones de gama media necesitan unos 90 metros cuadrados para su instalación y, en muchos casos, son autoblindados, lo que evita la necesidad de construir un búnker, que era uno de los problemas que se tenía en un principio, y no necesitan un gran equipo para gestionarlos.