Canarias carece de un programa de desarrollo rural
Canarias y Castilla La Mancha son las únicas dos comunidades autónomas que aún no han puesto en marcha un programa de desarrollo en el medio rural, ya que no han obtenido todavía “el visto bueno” de la Unión Europea, informó este jueves el responsable estatal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Jesús Villar.
Dar a conocer las medidas que hay que llevar a cabo para conseguir implantar un desarrollo sostenible que modernice y proteja el “campo canario” es el objetivo de la jornada que se ha celebrado este jueves en Santa Cruz de Tenerife, en la que se ha dado a conocer la Ley sobre Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que se desarrollará en el periodo 2008-2013.
Villar recordó que cada comunidad autónoma tiene que elaborar su programa de desarrollo rural, según lo parámetros establecidos por el Gobierno central, que luego se presenta a Bruselas que es la encargada de aprobarlo, y en estos momentos, señaló, el proyecto de Canarias se encuentra “pendiente de aprobación”.
Se espera, indicó, que la Unión Europea desbloquee pronto esta situación, con el fin de iniciar la aplicación en las islas de la ley sobre el desarrollo sostenible del medio rural, que pretende mejorar las prestaciones sociales, la calidad ambiental del entorno, y promover la diversificación de la actividad económica y la orientación de los productos agrícolas.
Además en el caso de Canarias, opinó Villar, “es mucho más necesario, más cuando existen distintos productos agrícolas que están pasando por graves dificultades”.
De hecho, apuntó, la política agraria comunitaria prevé debilitar la financiación destinada a las primas de las ayudas directa, en favor del desvío de los fondos hacia acciones directas de diversificación, de calidad y de desarrollo rural.
El responsable estatal de Salud Laboral y Medio Ambiente explicó que esta nueva ley se convertiría en una oportunidad para aquellos subsectores que sufren situaciones “muy graves”, como es el caso del tomate y el plátano en Canarias.
Entre otras medidas, con la ley se busca además modernizar las estructuras agrarias, promover la actuación en otro tipo de subsectores emergentes, crear estructuras empresariales y favorecer la formación de los trabajadores agrícolas.
En definitiva, añadió Villar, se intenta acabar con el desequilibrio que hay ahora en las zonas urbanas y las zonas rurales que son “muy necesarias” por diversas razones, entre ellas para evitar la deforestación, las consecuencias medioambientales graves, y para que “haya un arraigo y se evite el éxodo de esas zonas rurales”.
Para ello, apuntó, es necesario que “participemos todos en modernizar, en hacer competitivas y rentables las explotaciones agrarias, que mejorar los indicadores de calidad y en obtener mejoras en las condiciones de trabajo”.
Para ello, incidió Villar, cualquier ayuda pública que se otorgue en el marco de desarrollo rural tiene que ir vinculada a mejoras sociales, laborales, económicas y de seguridad, porque si este binomio no se da, “estamos favoreciendo a que el medio rural desaparezca”.
La Ley de desarrollo sostenible del medio rural, explicó el responsable de CCOO, no es “sólo una herramienta agraria”, sino que nace a partir de un debate en el Consejo Económico Social en el que participaron más de ocho ministerios, para estudiar como ejecutar una serie de medidas.
Las medidas en concreto eran diversificar la actividad económica y la orientación de productos agrarios, mejorar y desarrollar las estructuras y equipamientos públicos, promover la prestación de servicios sociales básicos, y buscar la mejora de la calidad ambiental en el entorno rural.
La ley cuenta como herramienta financiera con la financiación de los programas operativos de la Unión Europea, que se concretan en un programa de desarrollo rural de ámbito estatal, y en otros específicos para las Comunidades Autónomas.
