Canarias es la comunidad que más beneficiarios incorporó al sistema de dependencia, pero aún es la segunda con mayor lista de espera

Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias al sistema de atención a la dependencia en este semestre 3.115 (11,6%). Sin embargo, aún es la segunda comunidad con mayor lista de espera (23,8%), después de Catalunya (28,9%). Se trata de personas que pese a tener el derecho reconocido se encuentran en lo que se llama el “limbo de la dependencia”, que siguen esperando por una ayuda para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Así lo destaca este martes la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en sus datos de los primeros seis meses de este año.

Según los datos publicados cada mes por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Canarias contaba este mes de junio con 39.264 personas con derecho a ser atendidas en el marco de la Ley de Dependencia. De ellas 29.902 tienen el Programa de Atención Individualizada (PIA) y con una prestación de acuerdo a su grado de dependencia. Por tanto, 9.362 personas siguen esperando por esta atención.

La asociación destaca este martes en un comunicado que Canarias es además la región que más días tarda en resolver una prestación o servicio desde que tiene entrada la solicitud, con un total de 993 días de media. La que menos tarda es Castilla y León, con 118 (ya que tiene un sistema de atención más consolidado desde hace años). El tiempo medio en el ámbito nacional es de 378 días. 

Los datos del Imserso evidencian que la prestación para cuidados en el entorno familiar sigue siendo la más concedida (11.678), la prestación vinculada al servicio se coloca en segundo lugar con 9 9.714 beneficiarios. Además, 4.141 personas reciben atención residencial y 4.846 una plaza en centros de día o noche. Reciben teleasistencia 1.630 personas; 867 prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal y ayuda a domicilio según el registro del Gobierno de Canarias 276, una prestación que ha estado sostenida por los ayuntamientos pero que el Gobierno de Canarias ha empezado a incorporar en el sistema cuando se trata de personas dependientes.

El Diputado del Común también ha valorado la mejora en Dependencia, pero insiste en la necesidad de ampliar el presupuesto del área y reforzar los recursos humanos de la Consejería regional de Derechos Sociales. Más presupuesto, personal, simplificar los trámites y más colaboración con los ayuntamientos. Son las principales propuestas que presentó el pasado mes Rafael Yanes en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales.

Una recuperación lenta

“El Sistema de la Dependencia se recupera lentamente y de manera desigual” concluye la asociación, que destaca que el 3 % de la población española necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y hay 33.019 personas atendidas más que a principio de año. 

La asociación destaca los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales en el que se refleja que las tasas de variación acumulada en lo que va de año son positivas “registrando +46.754 solicitudes, +36.748 valoraciones, +34.792 personas beneficiarias con derecho a prestación, y +33.019 personas beneficiarias con prestación”. No obstante, el incremento en estos indicadores “provoca que las listas de espera aumenten: con más de 10.006 personas pendientes de valorar y más de 1.773 personas más en el limbo de la dependencia”. 

Al final del semestre de este año, 397.164 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia en todo el país. 195.209 personas en el limbo de la dependencia, a las que se suman las 134.602 solicitantes que están pendientes de ser valoradas. También añade la asociación que hay 33.353 personas con resolución de PIA aún no reciben prestación o servicio y 34.000 solicitantes que las comunidades autónomas no han registrado y están pendientes de valorar. El 45% de las personas desatendidas son Grados III o II.  

Durante el primer semestre de este año, 23.837 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 10.101 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. 

Hacia un sistema low cost en todo el Estado

No es la primera vez que la asociación de la que es portavoz José Manuel Ramírez destaca que “vamos hacia un sistema low cost”, pues las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad e insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. 

Así, las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros (percibidas actualmente por 498.821 personas). Sin embargo, solamente 67.786 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,6 % del total de las personas cuidadoras). 

También apunta que las prestaciones económicas vinculadas al servicio varían mucho en función del mismo, pero “presentan importes insuficientes”. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 442 euros al mes (Grado II) y 551euros al mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un “segundo copago” o copago invisible. 

La ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,7 horas al mes, “sólo unos minutos más que en diciembre de 2021, poco más de una hora diaria de servicio, lo que es claramente insuficiente”, destaca. La intensidad del este servicio para las personas reconocidas con Grado III es de 57,6 horas al mes, “lo que es claramente escaso si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios”. 

Todas las prestaciones y servicios se han incrementado en estos seis últimos meses del año: Teleasistencia +10.648, Ayuda a Domicilio +9.462, Centros de Día +2.841, Residencias +988 (no se han alcanzado el número de plazas antes de la pandemia), Prestaciones Vinculadas +7.289, Cuidadoras familiares +16.276, y en asistencia personal -30.  

Una reforma de la ley

“Es preciso una reforma de la ley que agilice los procedimientos y recupere las intensidades e incompatibilidades que se produjeron hace una década. También los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites”, considera la asociación.

Los expertos y expertas creen que es necesario “simplificar los procedimientos (informes, valoraciones, plan individual de atención), las resoluciones deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas”, remarcan.