Canarias mejora en gestión de dependencia durante el estado de alarma, pero 520 personas fallecieron en 2020 esperando la ayuda

520 personas fallecieron desde enero de 2020 en Canarias esperando por la ayuda a la dependencia, pese a haber sido reconocido su derecho. Otras 666 murieron pendientes de ser valorada su situación. Así se refleja en los últimos datos remitidos por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que, no obstante, sí recalca la mejoría de las Islas en atención a la dependencia durante el estado de alarma.

En base a las cifras del IMSERSO, la asociación recalca que el número de beneficiarios se incrementó en las Islas en 1.262 desde la última vez que se publicaron datos en el mes de marzo. De hecho, solo en tres comunidades autónomas aumentó el número de personas con derecho a ser atendidas en este sistema: Asturias (+642), la Comunidad Valenciana (+639) y Canarias (+65).

Por otro lado, solo en dos regiones ha aumentado el número de solicitudes desde el estado de alarma: Comunidad Valenciana (+5.203) y Canarias (+2.089). Y donde más han decrecido han sido en las comunidades de Castilla La Mancha (-4.719), La Rioja (-779) y C. de Madrid ( -8929).

A pesar de esta mejora, actualmente en Canarias hay 8.167 personas pendientes de recibir la ayuda a la dependencia pese a haber sido reconocidas como beneficiarias. La lista de espera se sitúa así en un 24,8%, se trata de la tercera más alta de España después de La Rioja y Andalucía. Entre las causas de estas cifras elevadas se encuentra la histórica mala gestión que realizaron anteriores Gobiernos de Coalición Canaria y la falta de personal, que la condenan a una de las peores cifras del país, pese a dar pequeños pasos. Además, un elevado porcentaje espera por una plaza sociosanitaria.

Se reactivan las valoraciones a domicilio

Los datos de mejora en dependencia eran adelantados el viernes pasado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que se hacía eco del informe la COVID-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Aunque reconocía que aún queda mucho trabajo por hacer, la consejera Noemí Santana señalaba que “estos datos ponen de manifiesto los esfuerzos que el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo durante los últimos meses”.

Por su parte, el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, enfatizó en un comunicado el pasado viernes “que en plena situación de alarma sanitaria, hayamos conseguido descender el número de personas dependientes que estaban pendientes de una prestación, refuerza la labor de gestión de este departamento, gracias al esfuerzo de su personal, en un momento tan complicado como ha sido y es la situación de alarma generado por la COVID-19”.

Y es que, las valoraciones a domicilio tuvieron que ser suspendidas en este período debido al coronavirus ya que las personas mayores son las más vulnerables. No obstante, desde la Consejería se impulsaron otras medidas como acelerar el pago de las prestaciones durante el estado de alarma. Estas valoraciones, no obstante, ya se han reactivado desde la dirección de Dependencia.

Más de 17.000 fallecidos en España en lista de espera

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales recuerda que 17.139 personas han fallecido en toda España en lo que va de año que estaban pendientes de recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho (3.243 personas fallecidas más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento del 23,3%). “A estas muertes hay que sumar 7.415 que han fallecido sin que ni siquiera se les valorase”, matiza.

A ello se le añade que desde el inicio de año, fallecieron 83.823 dependientes que recibían alguna prestación o servicio. El 29,5% (24.698) de los beneficiarios fallecidos estaban en residencias, y el porcentaje ha ido aumentando con el transcurso del año, pasando del 24,4% de enero al 33% de abril y mayo. El 24,5% de los beneficiarios fallecidos tenían una prestación de cuidados familiares, aunque según ha ido transcurriendo el año 2020 el porcentaje ha ido bajando del 30,7% de enero hasta el 20,0% en mayo.

Para la asociación, estos datos ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 millones de euros de recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.

Así mismo, defiende que el Gobierno de España debe cumplir con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017) e incrementar “de manera urgente y sin esperar a los PGE la financiación de la Dependencia en 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo”. Además debe modificar la ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades y recuerda que “sin un incremento significativo de la financiación es imposible también hacer ninguna mejora en la atención residencial”.

Los Gobiernos Autonómicos, por su parte, sostiene que deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. “Es necesario simplificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas”.

La asociación recuerda que los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos y requiere poner manos a la obra cuanto antes. “De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia”, afirma. En Canarias, en concreto, se espera más de dos años para que se tramite el expediente de reconocimiento de la dependencia. Es decir, unos 785 días de demora, la más alta de todo el país.

Según el balance del pasado mes de enero de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en las Islas faltan 7.364 plazas para mayores en residencias. El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias se ha hecho insuficiente debido a las carencias históricas y hace que el cuidado de estas personas recaiga en su mayoría en las mujeres de las familias. La Consejería de Derechos Sociales acordó el pasado mes de mayo con los siete cabildos la ampliación de los plazos para la ejecución de la segunda fase de ese plan de infraestructuras, que dotará a las Islas de más de 5.000 nuevas plazas para la atención de personas dependientes.