El complejo ambiental de Arico causa daños en las plantaciones
Dos agricultores recibirán 120.000 euros por parte del Cabildo de Tenerife a raíz de los daños que sus plantaciones han sufrido por la actividad del Complejo Medioambiental de Arico. Entre los años 2007 y 2010 se llevaron a cabo diversos trabajos para sellar dos celdas de esta infraestructura que tuvieron como consecuencia la emisión continuada de grandes cantidades de polvo.
En principio los técnicos del Cabildo atribuyeron el origen de los efectos negativos a la cercanía de las plantaciones a la carretera, a la “inevitable” existencia de roedores atraídos por la actividad del Complejo y por las acumulaciones de vegetales de desecho. Los inspectores de la institución insular tampoco consideraron que hubiese pruebas claras de que la emisión de tierra hubiese afectado a la salud de los trabajadores agrícolas.
El director de las obras admitió que al menos durante 43 días y a causa de la dirección del viento el polvo se dirigió a estas plantaciones pero también advirtió de la existencia de canteras cuya explotación pudo haber jugado un papel decisivo en los daños causados en los invernaderos. Los reclamantes, sin embargo, argumentaron que la distancia entre el Complejo y los campos apenas supera los 80 metros y que una vez finalizados los trabajos siguió registrándose los mismos efectos hasta el punto de que llegó a paralizarse del todo la producción agrícola.
El Consejo Consultivo, a petición del Cabildo, ha elaborado ahora un dictamen por medio del cual considera que la propia institución insular ha venido a reconocer aunque de forma parcial su responsabilidad en los hechos denunciados por los agricultores. Descarta afecciones directas por parte de la actividad de las canteras al indicarse que están situadas a 400 y 900 metros de los campos. Da por válidos otros informes elaborados por distintos departamentos del Cabildo en los que sí se asumen los efectos negativos de las obras sobre las plantaciones.
El Consejo considera “insostenibles” los argumentos de que es imposible erradicar la población de roedores o de gaviotas que atrae el Complejo y considera que por lo tanto la institución debe asumir su responsabilidad frente a la negativa inicial a la reclamación planteada por los agricultores.
