Condenan a dos empleados de Endesa por un incendio
El Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos empleados de Endesa por un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al considerar probado que la falta de mantenimiento de una línea eléctrica causó en 2006 un fuego en un espacio protegido de la isla.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, impone tres meses de prisión a cada uno de ellos, con inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y 1.800 euros de multa, y les obliga a indemnizar al Cabildo de Tenerife con 207,90 euros por los costes de extensión de incendio.
Los condenados eran en el momento del incendio representante legal de Unelco-Endesa en Tenerife y coordinadora de explotación de la empresa en la capital tinerfeña y también deberán abonar la cantidad que se determine por los daños forestales ocasionados por la pérdida de valor ecológico del terreno, en atención a la posible degradación del suelo, subsuelo, aguas y vegetación de laurisilva.
El fallo declara responsable civil subsidiario a Endesa, ya que la empresa es la propietaria de la línea eléctrica aérea de baja tensión en el tramo que discurre por el paraje natural Pico del Inglés, en la terminación de la carretera TF-114 del espacio natural protegido Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.
En cuanto a los dos condenados, José Luis Mestres, representante legal de Unelco-Endesa en Tenerife, y Nieves Rosa Pérez-Godiño, coordinadora de explotación de la empresa en la capital tinerfeña, se señala que son responsables y explotación y gestión de obras y mantenimiento de las citadas líneas eléctricas. La resolución precisa que el primero era jefe de la segunda.
La instalación eléctrica se realizó en 1987 y no se ordenaron ni llevaron a cabo las inspecciones y programas oportunos, ni se adoptaron las medidas de control y vigilancia para garantizar que tales líneas tuvieran un mantenimiento adecuado, señala la juez.
Los cables en varios tramos estaban sometidos a mucha tensión y en contacto directo con los árboles, sin guardar distancia de seguridad, ya que el crecimiento de la flora había afectado a su configuración, llegando a encontrarse el tendido aéreo en algunos de sus tramos sin la cubierta protectora que lo debía aislar, añade.
La sentencia declara probado que, sobre las 15.45 horas del 11 de septiembre de 2006, uno de los cables eléctricos defectuosos se rompió y provocó chispas, con lo que el fuego se extendió a unos 60 metros cuadrados por el monte, de propiedad privada, y afectó a laurisilva, tejo, follao, laurel y fayal, especies protegidas de las islas.
La acusación planteó que el incendio se produjo por el mal mantenimiento del cableado, adosado y entrelazado con la vegetación de la zona, mientras que la defensa negó esa posibilidad y alegó que la red eléctrica de la zona estaba en correcto estado.
Los agentes forestales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que investigaron el incendio comprobaron que justo encima del foco del fuego había un cable de tendido eléctrico completamente apoyado en la vegetación, pudiendo advertir que el aislante de dicho cable estaba deteriorado como consecuencia del continuo roce con la vegetación, se explica en la sentencia.
Ese fue el único vestigio que los agentes forestales de la corporación municipal localizaron como posible origen del incendio.
Los tres cables estaban completamente seccionados y uno de ellos adosado a un árbol, en cuya parte superior se observó una zona ennegrecida como consecuencia del roce.
A la misma conclusión llegaron técnicos del Cabildo de Tenerife y un perito contratado por la acusación, mientras que los empleados de la empresa contratada por Unelco Endesa para el mantenimiento y reparación de sus líneas dijeron que el día del incendio fueron avisados para que repararan el cableado que se había roto en la zona del incendio.
La juez dice que la red afectada era la original, colocada en 1987, y que no había sido sometida a un plan de mantenimiento periódico ni se habían acometido podas.
También señala que las entidades titulares de instalaciones eléctricas deben mantenerlas en buenas condiciones y el correcto mantenimiento de esta no tuvo lugar, y da por acreditado que los acusados y Unelco Endesa eran perfectos conocedores del peligro que entrañaba que los cables perdieran su aislante.
Pero no acometieron ninguna inspección, ni siquiera rutinaria pese a que se trataba de la línea original, instalada al menos desde 1987, destaca la magistrada.
