Denuncian al sector tabaquero por omitir información básica para el consumidor
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha presentado, ante la Comisión Nacional de la Competencia, una denuncia contra las compañías tabaqueras Altadis, Philip Morris Spain, RJ Reynolds Global Products España y British American Tobacco España, a las que acusa de mantener un “pacto” a través del que impiden la libre competencia entre ellas con el fin de omitir información esencial para los consumidores.
En rueda de prensa, el delegado de Ausbanc Canarias, Jerónimo Barrera, y el abogado de Ausbanc Tenerife, José Miguel Velázquez, explicaron que si se impusieran sanciones a estas empresas como consecuencia de la denuncia, la cantidad total a pagar podría ascender a unos 150 millones de euros, cifra obtenida en función del volumen de negocio de cada una de las compañías. Barrera subrayó que las tabacaleras están omitiendo información fundamental para los fumadores, como la procedencia del cultivo, a qué campaña o año pertenece, cuándo se manipula y convierte en cigarrillo, fecha de consumo preferente y, en su caso, caducidad.
“Hemos denunciado a estas cuatro compañías por conductas colusorias contrarias a las leyes de competencia y perjudiciales para los intereses de los consumidores”, señaló el delegado de Ausbanc en Canarias, quien acusó a las empresas de mantener un “acuerdo consciente paralelo de no informar de nada que restrinja el valor del producto”. A su juicio, esta situación supone una infracción a las disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia y un “grave atentado” contra la libre competencia y la transparencia del mercado, así como un perjuicio hacia los consumidores.
Barrera señaló que esta información que ocultan las compañías ocasiona que el consumidor no pueda elegir entre un producto u otro, “ya que no es lo mismo adquirir una caja de cigarros envasado hace cinco años que otro envasado hace cinco meses, pues la calidad y frescura no tienen nada que ver entre ambos”. Así, aseguró que la denuncia está “más que justificada” y precisó que se solicitan sanciones que podrían llegar al 10 por ciento del volumen total de negocio.
Defensa de los agricultores
Jerónimo Barrera hizo hincapié en que esta denuncia “beneficia también a los agricultores y a la producción de la hoja de tabaco, porque esta práctica anticompetitiva hace que las empresas limiten la producción al mantener en el mercado su producto sine die, sin sometimiento a las reglas de información que rigen otros mercados de productos de consumo”. En este sentido, abogó por la defensa de la hoja de tabaco, “que da trabajo a tantas familias y cuya tradición está arraigada en Canarias”.
Al respecto, destacó que España es el tercer país cultivador de tabaco de la Unión Europea, con 40.980 toneladas contratadas en la cosecha de 2005, siendo La Palma la Isla que representó el mayor porcentaje de cultivo de Canarias y que se ve actualmente perjudicada por la entrada de grandes multinacionales“. En este punto, indicó que en el Archipiélago, la fusión de Japan Tobacco con Gallear ”acabará en un primera fase con más de ochenta empleos en las Islas“.
Barrera resaltó que la hoja de tabaco representó en La Palma casi el 2% de la economía canaria y en torno al 25 por ciento de la exportación, motivo por el que abogó por que la Administración proteja e incentive esta industria para evitar la importación de materia prima desde otros lugares del mundo, “pues el tabaco palmero es conocido en todo el mundo por su exquisita calidad”. Por último, afirmó que la industria en Canarias “se ha quedado sin estructuras” y apostó por que el productor “recupere el prestigio que antes tenía”.