Nueve detenidos por estafar a más de 300 inmigrantes en Gran Canaria y Fuerteventura
La Policía Nacional ha procedido a la desarticulación de una banda organizada, formada por cuatro supuestos empresarios, que se dedicaba desde hace dos años a estafar a más de 300 extranjeros indocumentados en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, y otras cuatro personas que actuaban como intermediarios entre los empresarios y estos últimos, así como una gestora que se encargaba de tramitar las solicitudes de trabajo y residencia.
Esta operación comenzó a desarrollarse en octubre de 2008 cuando la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas detectó varias irregularidades en las ofertas de empleo a extranjeros, presentadas por el titular de una empresa del sector ganadero en el sur de Gran Canaria.
Dicha persona, Enrique A.L. de 56 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, presentó en un corto periodo de tiempo hasta un total de 80 solicitudes de residencia y trabajo para extranjeros de múltiples nacionalidades, que se encontraban tanto en territorio nacional como en sus países de origen, lo que hizo sospechar a la Subdelegación que podía tratarse de una empresa 'pantalla' que trataba de obtener permisos de residencia para extranjeros sin papeles.
Las sospechas se confirmaron cuando los funcionarios adscritos a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas averiguaron que los inmigrantes debían pagaban 600 euros a cambio de la oferta de empleo, abonando al empresario igualmente otros 200 euros más en concepto de alta a la Seguridad Social si la solicitud del permiso resultaba favorable.
Asimismo se determinaron otros dos extremos de suma importancia para la investigación. Por un lado, el llamado Enrique A.L. estaba haciendo uso de una serie de intermediarios de Mauritania, Sierra Leona, Ghana y Marruecos, residentes legales en España, que se encargaban de buscar personas de esas nacionalidades en sus respectivos países, dispuestas a pagar en torno a 3.000 euros por una oferta de empleo que les proporcionara la manera de acceder a España de una forma aparentemente legal.
Por otro lado, se comprobó que varias de las solicitudes de ofertas de empleo del sospechoso habían sido presentadas en la Dirección Insular de Gobierno de Fuerteventura por una gestora y un empresario de esa isla, lo que evidenciaba que Enrique A.L. no era el único protagonista de esta trama delictiva.
Comprobados ambos extremos, a finales de enero de 2009 se procedió a la detención en Gran Canaria de Enrique A.L. por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, estafa y falsedad documental. De la misma forma y por los mismos delitos se procedió a la detención del ciudadano mauritano Abdellah A.N., de la ciudadana de Sierra Leona Kadiatu K. y del ciudadano de Ghana Ibrahim A.Y., todos ellos afincados en la zona sur de Gran Canaria, siendo las personas que ponían en contacto a los inmigrantes con Enrique a cambio de contraprestación económica.
Operación en Fuerteventura
Los agentes se desplazaron en febrero hasta la isla de Fuerteventura, donde, con la colaboración de la Brigada Local de Extranjería de la Comisaría de Puerto del Rosario, lograron identificar y detener por los delitos anteriormente referidos a José Carlos S. de 55 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, socio de Enrique y a una gestora que se encargaba de presentar en la Dirección Insular de Gobierno de Fuerteventura las ofertas fraudulentas de estos dos supuestos empresarios.
Del dispositivo desplegado en la isla majorera, en concreto del registro domiciliario de J.C. Sánchez y de las declaraciones de varios de los extranjeros que usaron los servicios de esta organización, los funcionarios obtuvieron los datos necesarios para identificar plenamente a otras dos personas: Alejandro R.M. de 60 años, natural de Valencia y Ángel L. L., quienes conformaban, junto a los otros detenidos, el cuarteto de supuestos empresarios del entramado delictivo investigado, en el que Ángel era el cerebro y creador de toda la operación.
El pasado mes de abril, Ángel fue localizado en un domicilio de la localidad grancanaria de Vecindario, alquilado con una identidad falsa y donde permanecía oculto intentando evitar la acción de las autoridades. En ese momento fueron detenidos éste último y Alejandro imputándoseles los mismos delitos que a los anteriores.
Todos los detenidos tenían antecedentes por hechos de similar naturaleza y a Ángel no sólo le constaba un amplio historial delictivo relacionado con las estafas y las falsedades documentales, sino que antes de ser localizado y detenido, sobre el mismo recaían dos órdenes de búsqueda y detención dictadas por dos Juzgados de la capital grancanaria, así como una orden de detención e ingreso en prisión dictada por un Juzgado de Sevilla.
Tras el estudio de toda la documentación hallada en los registros domiciliarios de los imputados, se determinó que estos cuatro empresarios habrían presentado de forma fraudulenta más de 300 solicitudes de permiso y residencia para ciudadanos extranjeros en un plazo de dos años, todo ello con 16 empresas diferentes, las cuales no ejercían actividad laboral alguna, falsificando incluso documentos que acreditarían requisitos ante la administración española que estos extranjeros no reunían.
Finalmente, los agentes averiguaron que los sospechosos ultimaban la presentación de una solicitud a gran escala de mano de obra extranjera para más de 150 personas provenientes de Marruecos y Senegal, que supuestamente trabajarían en una finca de Gran Canaria.
Para ello ya tenían seleccionados a varios de los extranjeros y en muchos casos cobrado el precio de 5.000 euros por formar parte de dicha solicitud, desplazándose nuevamente hasta la isla de Fuerteventura para proceder a la detención de la súbdita marroquí Karima S. de 35 años, la cual había actuado de intermediaria entre los falsos empresarios y sus compatriotas en el país vecino dispuestos a pagar el precio por dicha oferta de empleo.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión del citado Ángel. La operación continua abierta no descartándose la implicación de más personas y su futura detención.
