'El Día' pretendía ''desacreditarme''
El CGPJ es muy “restricctivo” a la hora de conceder amparo judicial pero no lo ha sido con la magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, María Victoria Rosell. La Comisión Permanente acordó este martes estimar su petición de amparo ante la desproporcionada, continua e injustificada campaña de descrédito a la que ha sido objeto por parte del diario El Día.
La también portavoz de Jueces para la Democracia en Canarias explicó este miércoles en el programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO que con esta campaña “desproporcionada”, el director del periódico El Día “me quería desacretitar, quería presionarme para que no volviera, ni yo ni los siguientes jueces, a dictar una sentencia contraria, so pena de verse sometido al escarnio público”.
El CGPJ consideró que “los artículos y editoriales que han sido publicados en contra de la referida magistrada, más allá del legítimo ejercicio de la crítica de las resoluciones judiciales, pretenden atentar contra la independencia judicial, no se encuentran amparados por el derecho constitucional a la libertad de expresión, y por ello, objetivamente considerados pueden poner en peligro el valor constitucional de la independencia judicial”.
En este caso, Rosell dijo que “se ha considerado subjetivamente que sólo por sentirse presionado y perturbado no basta sino que, objetivamente, los ataques, por lo continuado, por el cariz de los mismos, por tratarse de una parte procesal y de una reacción a una resolución que no le ha convenido a sus intereses, sí merecía esta declaración institucional que me parece de bastante importancia, porque realmente es muy inusual”.
La magistrada aclaró que “ante las intromisiones en el honor o en nuestra vida privada, no es frente a lo que el Consejo reacciona sino si éstas tienen tal entidad y se hacen de tal manera que pueden llegar a perturbar el sentido de tus resoluciones”.
La campaña contra Victoria Rosell empezó cuando la juez archivó una querella que el director que el periódico El Día interpuso contra la directora de La Provincia, Teresa Cárdenes, por un artículo en el que la periodista ponía en posición de firmes al editorialista. La juez llamó a Cárdenes a declarar como imputada, y tras escucharla y analizar las pruebas que le presentó, decidió archivar la causa condenando a las costas al querellante. A partir de ese momento, el editorialista desató su ira contra la magistrada, a la que llegó a insultar de manera grave e incluso a intrometerse en su vida privada.
