Los discapacitados exigen que no haya límites para acceder a la Administración
Medio centenar de personas discapacitadas se concentraron este domingo en Gran Canaria para exigir al Gobierno autonómico la supresión del anexo del decreto de la Función Pública Canaria, que regula el acceso de los discapacitados a la administración por ser inconstitucional.
El discapacitado visual y miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT) Abel Hernández Segura manifestó que el anexo del decreto fue aprobado hace diez años y, pese a que el propio presidente del Gobierno, Paulino Rivero, reconoce que es necesario modificarlo, “no ha hecho nada para retirarlo”.
La protesta se efectuó ante el edificio de la Facultad de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebran -durante esta jornada- las oposiciones a Administrativo convocadas desde el Gobierno regional y a las que aseguró que no han podido acceder 60 de los 130 discapacitados que se presentaron al proceso selectivo en la provincia de Las Palmas, como consecuencia de lo que recoge el citado anexo.
Hernández subrayó que el anexo “restringe muchísimo” el acceso de los discapacitados y, aunque esta es la primera vez que convocan una protesta pública, desde hace años, el colectivo exige su modificación, que además cuenta con el apoyo del Diputado del Común -en varios de sus dictámenes ha reconocido su inconstitucionalidad-.
Informó que también han iniciado la recogida de firmas para exigir su retirada y que él, a título personal, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las valoraciones que se efectúan en el proceso selectivo de las oposiciones.
El colectivo exige “que no se pongan límites” a los discapacitados y que las valoraciones sean individuales, subrayó Hernández, quien indicó que la próxima semana se celebrará otra prueba para subalternos de la que también tienen constancia que han sido expulsados discapacitados por las mismas razones.
A la prueba de este domingo, que también se celebra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde la situación de discriminación es la misma, se presentan unas 12.000 personas para 44 plazas de personal administrativo, señaló Hernández, quien aseguró que continuarán con medidas de protesta para conseguir su eliminación.
El anexo del decreto 43/1998 de la Función Pública Canaria vulnera el artículo 9.2 de la Constitución, según Hernández, quien consideró “incongruente” que la administración, en vez de promover y fomentar la integración de los discapacitados, la dificulte.
Añadió que es “imposible” hablar de integración social si se establecen cauces normativos de exclusión, precisamente, desde los organismo públicos que han de promoverla, no solamente por imperativo de la Constitución, sino por la Ley territorial 9/1987, de 28 de abril.
En su artículo 4 establece como una de las áreas de actuación de los servicios sociales, la promoción y atención de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales, así como la promoción de su integración en la sociedad.
