Los docentes no universitarios, llamados a la huelga
El comité de huelga de la enseñanza pública no universitaria de Canarias, conformado por los sindicatos ANPE, CCOO, CSI-CSIF, EA-C, FETE-UGT, INSUCAN, OCESP-CSC, SEPCA y STEC-IC-UCPL, han convocado a los docentes a secundar sendas jornadas de huelga el 19 de octubre y el 9 de noviembre.
Los sindicatos exigen al Gobierno canario que contemple en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma “las partidas presupuestarias necesarias” para atender a su homologación retributiva, según informaron este viernes en un comunicado.
El comité de huelga rechaza “la actitud y declaraciones” realizadas hasta la fecha por la actual consejera de Educación, Milagros Luis Brito, respecto a la demanda de homologación retributiva del profesorado canario, “por considerar que no aportan nada nuevo respecto al discurso del anterior Gobierno, al tiempo que demuestran una escasa predisposición inicial al diálogo” que desean que “se modifique en aras del consenso”.
Además, denuncia “la falta de respuesta de la consejera a la petición de reunión cursada desde el pasado 24 de julio por el conjunto de las organizaciones sindicales a fin de plantearle la reivindicación expresada”.
Los sindicatos que promueven esta huelga se reafirman “en la demanda unitaria de homologación retributiva sin contrapartidas con el resto de empleados públicos de la comunidad canaria, avalada masivamente por el profesorado canario a través de las movilizaciones desarrolladas durante el curso pasado”.
Así, demandan al Gobierno de Canarias “la apertura inmediata y urgente de un calendario de negociación a fin de consensuar la satisfacción de esta justa e histórica reivindicación”.
Sobre el perjuicio que esta nueva huelga puede acarrear al sistema educativo público canario, el comité de huelga trasladó al conjunto de la sociedad su deseo de llegar a una solución negociada con la mayor celeridad.
Con tal motivo, afirma la nota, la primera fecha de huelga prevista (19 de octubre) se fija con suficiente antelación y margen para facilitar una negociación satisfactoria que evite daños no deseados y cuya responsabilidad, en última instancia, recaería, a juicio de los convocantes, exclusivamente en la administración educativa “por su reiterada negativa a negociar las reivindicaciones planteadas”.
