Educación asegura que sólo 50 opositores han pedido los expedientes
La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno canario, Milagros Luís Brito, indicó que ya se ha notificado el trámite de audiencia al 70% de los 1.926 afectados en el proceso abierto tras la suspensión de las oposiciones de Educación Infantil y sólo han comparecido 50 personas para solicitar los expedientes.
Así lo indicó durante su comparecencia en comisión parlamentaria, a petición del grupo de CC, sobre la situación en la que se encuentra el procedimiento fijado tras la suspensión de los resultados de las oposiciones de Educación Infantil. Milagros Luís indicó que se el objetivo previsto de culminar el proceso antes de finales de año.
La consejera precisó que durante las últimas semanas se han continuado con los trámites administrativos para el trámite de audiencia de las 1.926 personas interesadas, de las que al 70% le ha llegado la primera notificación y sólo han comparecido 50, 40 de ellas en Las Palmas de Gran Canaria, cuatro en Tenerife, tres en Fuerteventura, algo más de tres en La Gomera y dos en Lanzarote. En el resto de los casos, no se ha podido contactar con estas personas, por lo que, conforme a la ley, se está haciendo el segundo intento de notificación a través de correos.
Una vez ultimado este trámite, se continuará con el proceso, que esperó pueda culminarse conforme a los previsto, aunque reconoció que no se sabe “si se podrá mantener al día”.
La consejera además precisó que hasta ahora sólo se han hecho dos alegaciones, una en Lanzarote y otra en Fuerteventura. Asimismo, precisó que se ha hecho un sistema de atención para los afectados en todas las delegaciones insulares.
Milagros Luís insistió en que la Consejería ha intentado generar el menor daño posible y garantizar el orden jurídico, porque dijo hay 275 personas directamente afectadas, que son los aprobados, de los que valoró se hayan incorporado a sus puestos de trabajo, y otras muchas personas indirectamente afectadas, que son las que presentaron las alegaciones.
En esta línea, garantizó que en esta fase se intentará actuar con la mayor seguridad jurídica, por lo que precisó que se va a cubrir aquello a lo que obliga la ley, que es realizar una segunda notificación a las personas que no han sido localizadas.
Respecto a las críticas del PSOE, Milagros Luís indicó que fue ese aluvión de quejas presentadas al finalizar las oposiciones el que llevó a la Consejería adoptar la suspensión, una decisión que dijo “fue dura, pero necesaria para garantizar que se le pudiera dar el desenlace menos dañado posible”.
Frente a las afirmaciones del PSOE sobre la posibilidad de que el proceso acabe en los tribunales de justicia, reconoció que “hay incertidumbres en el horizonte”, pero consideró que esto lo que no se puede hacer “es mirar para otro lado”.
También replicó que todavía no se han depurado responsabilidades porque el proceso “que es lo importante” aún no ha terminado, pero insistió en que su momento se adoptarán las decisiones oportunas si fuera preciso.
Actuación “clara y transparente”
La diputada de CC, Marisa Zamora, destacó la actuación “clara y transparente” de la Consejería en el momento adecuado, que fue cuando tuvo conocimiento de la situación, tras la conclusión de las oposiciones y al saber que la mayoría de los tribunales aplicaron unos criterios de evaluación que no eran adecuados.
Además, consideró que la solución ha ido a perjudicar los menos posible a los opositores, de manera que se mantienen aquellos actos que estima no están viciados en el proceso.
“Lo que no puede la Consejería es adoptar soluciones mágicas y salomónicas”, insistió Zamora, quien consideró que la actuación ha sido “transparente y con rigor”.
En esta línea, el diputado del PP, Carlos Esther, también destacó la adecuada actuación de la Consejería para afrontar esta situación y la buena voluntad que tiene el Gobierno para que este asunto se resuelva. Además, mostró su sorpresa por que sólo hayan sido 50 las personas que han solicitado el expediente.
Puede acabar en los tribunales
Por el contrario, el diputado del PSC-PSOE, Domingo Fuentes, insistió en que la Consejería era consciente de las graves irregularidades desde el 10 de julio, era una oposición compleja en la que había que prestar especial atención y faltó apoyo técnico.
“El resultado es que hay más de 2.000 afectadas por esta situación”, indicó Fuentes, quien advirtió de que este proceso puede acabar en los tribunales de justicia, porque se puede cuestionar la constitución de los nuevos tribunales e incluso el proceso de repetición de las pruebas orales.
Además, lamentó que no haya habido depuración de responsabilidades, pese a que en una comparecencia anterior de la consejera anunció en la Cámara regional que lo haría si fuera necesario.
