Los gastos en la vivienda ahogan al 11,5% de los ciudadanos de Canarias
El gasto en vivienda supone una carga casi inasumible para el 11,5% de los ciudadanos de Canarias, donde se destina a este apartado al menos el 40% de la renta del hogar. En la media del país el porcentaje es del 10% y además de las Islas los gastos son difíciles de asumir para los ciudadanos de Madrid, Baleares, Cataluña, y Castilla-La Mancha.
Esto supone dificultades para acceder a una vivienda digna tanto en régimen de propiedad como de alquiler, en un momento en que la oferta de vivienda de protección oficial también se ha recortado, y existe una demanda potencial en este ámbito de 1,5 millones de hogares, aunque solo hay unos 400.000 demandantes registrados.
Las dificultades para mantener una vivienda, bien sea en alquiler o en propiedad, se han incrementado desde el inicio de la crisis económica. Mientras en 2007 había un 8,3% de los hogares españoles que tenía gastos en este ámbito del 40% o más de sus ingresos, en 2016 el porcentaje se elevó al 9,5%.
Los gastos en vivienda incluyen el pago del alquiler o los préstamos hipotecarios, según el régimen de tenencia, pero también los recibos de agua y de luz, o pagos como el seguro, la cuota de la comunidad y otros de mantenimiento y reparaciones.
En algunas comunidades, como Madrid, la diferencia se ha disparado en la última década, al pasar de tener en 2006 un 6,6% de la población en esta situación de ahogo por los gastos de la vivienda, a un 14,3% en 2016, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pero también en Canarias el porcentaje de población con estas dificultades para afrontar los gastos de su casa es superior al 10%, en concreto del 11,5%; así como en Baleares, un 11,1%; en Cataluña, un 10,6%; y en Castilla-La Mancha, un 10,3%.
En la ciudad autónoma de Ceuta, un 12,1% de la población sufre esta carga elevada para mantener su vivienda.
Aún sobre la media nacional y entorno al 10%, se sitúan también la Comunidad valenciana, con un 9,9%; Murcia, un 9,7%; y Cantabria, un 9,5%.
La menor carga económica en vivienda la tienen los extremeños, con solo un 3,3% de la población que destina a este apartado al menos el 40% de la renta disponible total del hogar, seguidos de asturianos y castellanoleoneses, con un 5,3%.
Mientras se encarece la vivienda y cada vez más gente tiene que destinar una parte importante de sus ingresos a mantenerla, se produce un retroceso en vivienda pública “sin precedentes”, según el estudio El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo, de la Fundación Alternativas.
Los autores del documento advierten de que España puede acabar entre los países europeos con un menor nivel de protección social en este campo y “los mayores índices de exclusión residencial”.
Aunque el informe estima que la demanda potencial de vivienda social en España es actualmente de 1,5 millones de hogares, en los distintos registros de demandantes de vivienda de las comunidades autónomas la cifra de personas que optan a este tipo de residencia es de unas 400.000.
Las comunidades de Andalucía, Cataluña y País Vasco concentran la mitad de estos demandantes de vivienda de protección oficial, aunque este informe no ofrece cifras de la Comunidad de Madrid, ni de Extremadura.
En Madrid, el número de solicitantes es de 3.224, según datos de la Consejería de Vivienda, y el parque de vivienda pública en la Comunidad es de 23.340. Pero hay que tener en cuenta las cifras de la capital, en la que se concentra la mayoría de la población, y que tiene su propio registro de solicitantes.
Por lo que respecta a Extremadura, en estos momentos la Junta de no cuenta con registro de demandantes de viviendas de protección oficial (VPO), recuerda la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo.
Según los datos recopilados en el estudio de la Fundación Alternativas, en base a diversas fuentes como el Defensor del Pueblo, el mayor número de personas inscritas en los registros de solicitantes de vivienda corresponde a Andalucía con 82.646, seguida de Cataluña, con 71.926, y País Vasco, con 49.750.
Cada autonomía establece sus tipos de vivienda protegida y los requisitos para acceder aunque, en la mayoría de los casos, el límite de ingresos del hogar para un alquiler social es inferior al exigido para la propiedad, y suele regularse en número de veces el Iprem, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Este límite de renta para acceder a la vivienda protegida en alquiler varía mucho según la comunidad y el régimen de protección, desde 1,20 veces el Iprem en Andalucía para viviendas protegidas con destino a alquiler o cesión del uso sobre suelos o edificios de titularidad pública, hasta 7,5 veces el Iprem para las viviendas medias en Extremadura.
