Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento se sientan para abordar los problemas de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha citado para el miércoles, 15 de junio, a los responsables de Obras Públicas y Urbanismo del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a una reunión para concretar las actuaciones necesarias para asegurar la estructura de la Avenida Marítima de la capital grancanaria.

Este encuentro se convoca tras los informes técnicos que apuntan al “riesgo de desplome” del paseo peatonal junto a la escollera, así como de las afecciones que también podría haber en la calzada de la GC-1, carretera de interés regional, según ha informado el Gobierno canario en un comunicado.

Franquis ha admitido la situación de la estructura de la Avenida Marítima y ha afirmado que se trata de un hecho que requiere de la “máxima coordinación” y al que es necesario “aportar soluciones para un problema que es muy importante en base a esos informes técnicos”. Por ello, ha dicho, se quiere dar respuesta y buscar una solución “definitiva” entre todas las administraciones públicas a las “dificultades y los problemas de estructura que pueda tener la Avenida Marítima”.

En el encuentro convocado por Franquis con el consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, y con el concejal de Urbanismo y Vivienda del ayuntamiento capitalino, Javier Doreste, también habrá varios técnicos de las tres administraciones para acordar una actuación coordinada que “garantice la seguridad y estabilidad de la estructura de esta importante infraestructura viaria”.

La Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria es la principal vía de acceso y salida de la parte baja de la ciudad con una intensidad media de unos 100.000 vehículos diarios. Esta infraestructura se empezó a construir en 1965 y se acabó en los años 80 del siglo pasado.

El Gobierno de Canarias ostenta la titularidad de la calzada por la que circula el tráfico, la carretera de interés regional GC-1, cuya explotación y mantenimiento fue transferido al Cabildo de Gran Canaria por el Decreto 112/2002 de 9 de agosto.