El Gobierno canario activa un ''plan de choque'' en Dependencia
La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan de choque con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes de las personas que solicitan una resolución de dependencia y gestionarlos en el plazo máximo de seis meses.
Según indicó la consejera del área, Inés Rojas, “el plan consiste en la contratación de un total de 29 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares administrativos), cuya labor será la agilización de los trámites de resolución de expedientes contemplados en la Ley de Promoción y Autonomía Personal”. Además, se iniciarán otras medidas, acordadas con el Consejo territorial de la Dependencia, que incluyen el tratamiento de expedientes según el grado de dependencia de los solicitantes.
Esta iniciativa permitirá delimitar, en la primera fase del procedimiento, la tramitación de expedientes de acuerdo a lo contemplado en el calendario establecido por la Ley de Dependencia, “que recordemos contempla la introducción de fases según grados de dependencia, dando prioridad a los colectivos de mayor necesidad”, asegura Rojas.
Reconocimiento de la dificultad
Según explica Bienestar Social, en el último Consejo Territorial, celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, se reconoció la dificultad generada por la cantidad de agentes que intervienen en el proceso de identificación necesaria para la elaboración de un expediente de solicitud de ayuda o/y prestación, tales como catastro, seguridad social, etc., por lo que “se abordó la necesidad de impulsar los mecanismos necesarios para agilizar el proceso de resolución de expedientes”, explicó Rojas.
Además, se irán adaptando los Planes Sociosanitarios desarrollados por Canarias a la nueva Ley “para vincularlos a la implantación gradual de la nueva ley de Dependencia, ya que, esta herramienta de planeamiento formará parte en el futuro del Sistema Canario de la Dependencia”, indicó la consejera de Bienestar Social.
Según afirmó Rojas, la comunidad canaria “ha venido desarrollando una cartera de servicios de calidad, en la que se coordina tanto la atención social como la sanitaria para las personas con algún grado de dependencia”. En este sentido, Canarias es la Comunidad Autónoma con “el mayor índice de plazas públicas de todo el Estado, con una media que implica los 2.000 euros por plaza al mes y una ratio de 73 trabajadores por cada 100 dependientes, así como con una financiación global de 132.436.411 euros”, aclaró.
Sin derecho
De las personas que han solicitado la Ley de Dependencia, en torno al 50% “no tienen derecho a recibir servicio o prestación en estos momentos, según especifica la misma Ley, y más del 50% a quien sí le correspondería ya está recibiendo algún servicio de los prioriza la Ley”, indicó Rojas.
De hecho, en la actualidad, en torno a 10.000 personas reciben atención en prevención, más de 3.000 cuentan con servicio de Teleasistencia, más de 17.000 personas reciben Ayuda en Domicilio, un número superior a 10.000 mayores están siendo atendidos en los 54 centros de día y residencias y unas 4.700 a través de los 128 centros para personas con discapacidad.
A estas personas, hay que sumar las casi 5.000 reciben una prestación económica vinculada al cuidado en el entorno familiar. “Es decir, en Canarias más de 40.000 personas reciben un servicio dentro del marco de la atención a personas dependientes”, concluyó la consejera de Bienestar Social.
