El Gobierno canario espera un informe jurídico para firmar el acuerdo con los trabajadores temporales: "El compromiso sigue inalterable"

Rueda de prensa de los empleados públicos de Canarias. (Efe / Quique Curbelo)

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, ha explicado que la firma del acuerdo entre la administración y el colectivo de trabajadores de la comunidad autónoma en situación de abuso de temporalidad, prevista para este viernes, se ha aplazado a la espera de un informe que dote de seguridad jurídica a esa actuación. "El compromiso político" de la Consejería de Administraciones Públicas "sigue inalterable", ha añadido la alto cargo. 

Los empleados temporales tildan de "vergüenza" y "humillación" la  suspensión de la firma del acuerdo con el Gobierno de Canarias

Los empleados temporales tildan de "vergüenza" y "humillación" la suspensión de la firma del acuerdo con el Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias anunció a última hora del jueves de la suspensión de esa convocatoria para convertirla en "una nueva reunión de trabajo" en la que "seguir analizando los aspectos necesarios para alcanzar un acuerdo que atienda todos los aspectos de un proceso de esta importancia". La nota añadía que en los próximos días se informará de una nueva fecha. 

El aplazamiento de la firma ha sido un jarro de agua fría para los trabajadores afectados, que este viernes han calificado de "vergüenza" y "humillación" la decisión del Gobierno regional y han amenazado con endurecer los paros si el acuerdo no se rubrica la próxima semana.

En esta convocatoria ya se apuntaba la posibilidad de que la suspensión estuviera motivada por la necesidad de esperar por un informe jurídico. Los representantes de los tres sindicatos convocantes de la huelga (Intersindical, Sepca y CoBas) han destacado que el acuerdo había sido avalado por el jefe de servicio de Relaciones Laborales de la dirección de Función Pública. 

Hace una semana, la administración y el comité de huelga alcanzaron un principio de acuerdo para poner fin a un conflicto que llevaba meses enrocado. Ambas partes se comprometían a identificar a los trabajadores públicos de la administración general que se encuentran en fraude de ley por la contratación temporal sucesiva, unos 4.000 según los representantes del colectivo, y a fijar "los mecanismos necesarios" para garantizar la continuidad en sus puestos hasta la jubilación o la renuncia voluntaria. Para ello se crearán dos grupos de trabajo.

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