El Gobierno canario suspende la firma del acuerdo con los trabajadores para acabar con el abuso de la temporalidad

Protesta de empleados públicos temporales en Canarias. (EFE)

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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El Gobierno de Canarias ha suspendido la firma del principio de acuerdo que había alcanzado la pasada semana con el Comité de Huelga de los trabajadores afectados por el abuso de la contratación temporal en la administración general de la comunidad autónoma. Estaba previsto que ese pacto para lograr la permanencia del personal interino en fraude de ley se rubricara este viernes. Sin embargo, el Ejecutivo regional ha difundido un comunicado a última hora de este jueves para desconvocar la rueda de prensa que había convocado para las 12.30 horas. 

En esa nota, la Consejería de Administraciones Públicas ha anunciado que esa rueda de prensa se convierte ahora en “una nueva reunión de trabajo” que “seguirá analizando los aspectos necesarios para alcanzar un acuerdo que atienda todos los aspectos de un proceso de esta importancia” y que en los próximos días se informará de una nueva fecha. 

Esta suspensión ha causado un profundo malestar en el colectivo afectado, que la califica de “falta de respeto”. Las fuentes consultadas por Canarias Ahora señalan que la información que se les ha trasladado desde el Gobierno regional es que este aplazamiento responde a una petición expresa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que lidera el socialista Miquel Iceta para estudiar en profundidad ese principio de acuerdo antes de su aprobación. Los trabajadores temporales exigen que se respeten los términos negociados y ya han anunciado que se concentrarán este viernes a las 10.30 horas ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

Después de meses de conflicto enquistado, las partes habían consensuado una solución que pasa por “identificar y catalogar” a los trabajadores que se encuentren en una situación de abuso de temporalidad para, posteriormente, “establecer mecanismos necesarios para su permanencia” hasta la jubilación o la renuncia al puesto. El acuerdo prevé la creación de dos grupos técnicos de trabajo de composición paritaria “cuyas propuestas serán llevadas a las reuniones entre el Comité de Huelga y la administración para su aprobación”. Uno se encargaría de identificar a los empleados públicos en situación de fraude de ley y el otro, de estudiar las medidas administrativas y jurídicas para garantizar su continuidad. 

El Comité de Huelga había decidido suspender las movilizaciones previstas para esta semana como muestra de “buena voluntad” tras alcanzar un principio de acuerdo que coincidió en el tiempo con una sentencia, aún no firme, que puede abrir un camino para la estabilización del personal temporal de la administración canaria. Esa resolución judicial, dictada por la titular del Juzgado de lo Social 2 de Santa Cruz de Tenerife, declaró fijo a un empleado público que había ejercido durante 23 años con un único contrato de duración determinada y que había accedido al puesto después de superar un proceso selectivo con una prueba teórica y una práctica.

Los trabajadores afectados llevan meses exigiendo el cumplimiento de la directiva comunitaria 1999/70/CE y la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que instan a las administraciones públicas a prevenir y sancionar el abuso de la contratación temporal sucesiva, en fraude de ley. Un informe firmado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucionalidad, plantea la posibilidad de convertir en personal fijo “a extinguir” a los empleados que se encuentren en esa situación. Esas plazas desaparecerían cuando los trabajadores se jubilaran o renunciaran a sus puestos. 

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