El Gobierno considera que la objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía es inviable
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias considera que la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía no tiene respaldo normativo por lo que no es viable realizar una actividad sustitutoria.
Así lo está contestando la Consejería a las 189 objeciones que en Canarias padres y madres de alumnos han presentado a esta asignatura que se ha comenzado a impartir este curso.
Según la Consejería, los alumnos matriculados en los centros de educativos no universitarios de Canarias están sujetos a los derechos y las obligaciones establecidos en la normativa, en la que no se regula ni establece la opción del derecho de objeción de conciencia en relación con esta materia.
Agrega que la objeción de conciencia como el derecho de ser eximido de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, se configura como derecho constitucional pero no fundamental y la Constitución Española alude únicamente al supuesto específico del deber de prestar el servicio militar obligatorio.
La Consejería de Educación agrega que tampoco existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo ni declaración expresa por parte del Tribunal Constitucional en casos similares.
Además afirma que existe una divergencia de criterio de las sentencias de las salas de lo contencioso de los tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas, como el de Cataluña, País Vasco, Asturias, Valencia, Andalucía, Cantabria y a Rioja.
La administración educativa canaria considera que la Ley Orgánica de Educación introduce esta nueva materia en respuesta a las indicaciones del Consejo de Europa, que hace seis años recomendó que todos los Estados miembros hicieran de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de su política educativa.
Esta recomendación incluyó una guía general sobre los objetivos, contenidos y métodos para las políticas y reformas de esta materia.
