La ley de rentas mínimas eleva un 35% las ayudas

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves por unanimidad la ley que regula la prestación canaria de inserción, conocida como ley de rentas mínimas, y en la que se incluye una ayuda económica base, de la que podrán ser beneficiarios unas 15.000 personas en las Islas.

Esta ayuda, según señala la ley, tiene como finalidad ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos materiales, se encuentren en situación de desigualdad social.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, indicó a los periodistas que se trata de la ley social más importante de la legislatura, que tras ser aprobada por el Parlamento entrará en vigor en unos dos meses.

Señaló que en la ley se eleva en un 35% la cuantía de la ayuda con respecto a las prestaciones que se conceden en la actualidad y afirmó que otra novedad es que a todos los miembros de las familias perceptoras de las ayudas se les hará, en colaboración con los ayuntamientos, un protocolo para insertarlos laboralmente.

Concretó que de hecho uno de los requisitos para recibir la ayuda económica es la obligación de participar en un circuito de formación que permita a los perceptores conseguir trabajo y no perpetuar la ayuda económica.

Zamora indicó que las ayudas consisten en 14 pagas anuales y para ello en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año hay dispuestos unos 12 millones de euros ampliables.

La consejera indicó que la ayuda la pueden cobrar más de un miembro de la familia, la cuantía será variable dependiendo de los miembros de la unidad familiar y afirmó que en cualquier caso, la cantidad se encuentra por encima de las pensiones no contributivas.

Para poder cobrar la ayuda se exigirá como mínimo tres años de residencia en las Islas y para los que lleven un año, aunque no tengan derecho a cobrar la ayuda, se les integrará en el circuito de la formación.

Zamora consideró que la ley no tiene sólo un carácter asistencial sino que con ella se consolida un sistema público de servicios sociales.

En el debate en el Parlamento, el diputado del grupo Popular Carlos Ester indicó que esta ley ayudará a muchas personas que se encuentran en el umbral de la pobreza y consideró que la ley pretende “echar una soga para que las personas necesitadas puedan salir a flote”.

Ester, que defendió las cuatro enmiendas mantenidas por su grupo al texto, rechazó los plazos impuestos en la ley para recibir la ayuda económica y así defendió que se puede recibir con un año de residencia al tiempo que requirió que en tres meses se resuelva las solicitudes.

Asimismo pidió que el Gobierno dote a los ayuntamientos de los medios necesarios para ejecutar la ley y consideró que lo que pretende su grupo, es que esta ley se ejecute con eficacia.

Nuria Herrera, de Coalición Canaria, dijo que se trata de una ley deseada y esperada y consideró que es práctica y real ya que facilitará la inserción laboral y social de un sector desfavorecido de la sociedad.

Herrera opinó que la pretensión del PP de reducir a un año de residencia el requisito para recibir la ayuda es un efecto llamada y aseguró que existe una buena financiación para llevar a cabo la ley.

Dijo que el contenido social de la ley ha aumentado con las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, señaló que se ha intentado evitar la picaresca y explicó que la duración de la ayuda es de un año con posibilidad de que pueda ser renovada por seis meses.

Isaac Castellanos, del grupo Mixto, dijo que se trata de una ley ambiciosa ya que no sólo recoge las ayudas económicas sino que permite la formación de los perceptores.

Castellanos, que apoyó la enmienda del PP que pedía que el Gobierno financie a los ayuntamientos para la ejecución de la ley, consideró que la ley será un éxito cuando se vea su repercusión en la sociedad.

Rosa Guadalupe Jerez, del grupo Socialista, indicó que cuando el Gobierno envió la ley al Parlamento no contaba con el aval de los sindicatos y ahora si la tiene y valoró el trabajo realizado por la ponencia que ha modificado aspectos como el silencio administrativo en las solicitudes.

Jerez señaló que otro aspecto importante era la entrada en vigor de la ley y la coordinación entre las diferentes administraciones y afirmó que se han mejorado los requisitos para recibir la ayuda.

Consideró que en la ley aprobada hoy no se queda nada en el tintero y confió en que tenga el adecuado reflejo en la sociedad.