Navarrete pide cinco años de cárcel para Suárez Gil
La abogada Josefina Navarrete quiere que su exmarido, el expresidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas José Miguel Suárez Gil, vuelva a prisión una temporada más. Lo estuvo hasta el pasado mes de julio por haber quebrantado la condena por amenazas y coacciones graves proferidas contra ella, y ahora le toca responder por la tenencia de las armas encontradas tras aquellos episodios de enero de 2011 en su mansión de Tafira Baja. Navarrete pide para Suárez Gil cinco años y medio de prisión por tenencia de armas prohibidas y tenencia de armas reglamentarias sin licencia.
En su escrito al juzgado que instruye esta segunda causa penal contra Suárez Gil, la que fuera su esposa relata el arsenal encontrado por la Policía en la casa que ambos compartían hasta aquel suceso en el que el excoordinador empresarial la amenazó durante largo rato apuntándola con una pistola tras confirmar que el matrimonio se desmoronaba. En el arsenal había armamento prohibido cuya existencia en la vivienda de un empresario resulta sospechosa: cuatro silenciadores, una defensa eléctrica o un rifle con bayoneta incorporada.
Pero además, la Policía se incautó de tres rifles, dos escopetas, una carabina, cuatro pistolas y 2.202 cartuchos de distintos calibres que exceden en mucho el máximo autorizado para ser almacenado (150 cartuchos para armas cortas y 200 para armas largas).
Navarrete quiere que todo ese armamento, el legal y el ilegal, el que cuenta con licencia como el que no, sea expuesto el día del juicio como “piezas de convicción”.
Pero la víctima de los desmanes armamentísticos y pasionales de Suárez Gil también ha solicitado unas pruebas que a priori parecen apuntar a hechos hasta ahora no conocidos, como la existencia de un posible certificado, fechado el año 2000, según el cual se declaraba al acusado como “no apto” para la renovación de sus licencias de armas, que sin embargo poseía (en el caso de las legales) en el momento de su detención.
Esa vía probatoria comprometería a los funcionarios de la Guardia Civil que durante los posteriores a esa fecha hayan renovado o expedido autorizaciones para la tenencia de armas reglamentarias por parte del acusado.
La letrada pide además que para el juicio oral se soliciten e incorporen certificados de que su exmarido realizaba las preceptivas prácticas de tiro o si comunicó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ser poseedor de una carabina de la marca Expomatic, calibre 4,5, para la que la Guardia Civil debió haber prevenido al acusado de las particularidades de su tenencia.
Navarrete pide para su exmarido dos años de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por cinco años por el delito de tenencia de armas prohibidas; un año y seis meses de prisión y privación del derecho de tenencia y porte de armas por cuatro años y medio por tenencia de armas reglamentarias sin licencia, y dos años de prisión y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por cinco años por el delito de depósito de municiones.
Esta petición de la acusación particular se une a la que realizara en julio pasado el Ministerio Fiscal, que pide para el acusado tres años de prisión por los mismos delitos.
