Las Oblatas alertan de que sube el número de mujeres víctimas de trata en Canarias
Trabajadoras del proyecto Daniela, la iniciativa de las Hermanas Oblatas que atiende en Canarias a mujeres en situación de vulnerabilidad, han alertado este miércoles de que en los últimos años han detectado un aumento de casi el 20% de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
La coordinadora del proyecto en Canarias, Carmen García, y una de sus trabajadoras sociales, Ángeles Segura, han llamado la atención sobre este cambio en una rueda de prensa que han ofrecido junto al viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, con motivo de los 60.000 euros que han recibido del fondo destinado a la pobreza.
García también ha hecho hincapié en que cada vez son más jóvenes las chicas que se prostituyen y ha remarcado que desde los centros de menores piden a su proyecto asesoramiento para que les pauten cómo actuar ante casos de prostitución.
La coordinadora ha informado de que el programa Daniela, que iniciaron en las islas en 2010, se centra en prestar apoyo a mujeres víctimas de trata con fines sexuales, que ejercen la prostitución y que están en situación de exclusión social.
Desde su puesta en marcha ha atendido a 189 mujeres a través de la casa de acogida y del piso tutelado que disponen, si bien son muchas más las que han recibido apoyo del programa Daniela, que también actúa en Tenerife, a través de un local donde se presta asesoramiento jurídico y otro tipo de ayuda.
El incremento de la trata de seres humanos lo han asociado a que España es el tercer país del mundo donde más se consume la prostitución, después de Tailandia, que ocupa el primer lugar, y de Puerto Rico.
El perfil de las mujeres que atienden responde a jóvenes de entre 20 y 40 años, de las cuales el 70% son víctimas de trata de seres humanos con fines sexuales -cifra que en 2016 se situaba en el 56%- y el 30% restante son españolas, de las islas o de la península, que acuden a las Oblatas tras enterarse de su labor por el boca a boca de la calle.
Y ello se debe al trabajo que las profesionales de Daniela desarrollan en las zonas donde se ejerce la prostitución, que se concentran sobre todo en las áreas turísticas, según han recalcado, aunque también algunas son derivadas a través de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de los servicios sociales y de los centros de salud.
Las mujeres son captadas por las mafias en lugares muy localizados de países como Nigeria y Colombia, aunque en los últimos años también proceden del Congo, China y Paraguay, y de determinados focos donde se sabe que su vulnerabilidad es mayor y se pueden aprovechar de su situación.
Para recuperarse necesitan de mucho tiempo, puede que años, pues sufren problemas de salud, generalmente derivado de la adicción a las drogas que presentan, y psicológicos, a veces similares a las víctimas de torturas, que degeneran en enfermedades mentales, ha recalcado Segura.
La trabajadora social ha hecho hincapié además en que estas redes operan en zonas turísticas como Baleares, Canarias y el Levante, por las que van circulando estas mujeres víctimas de la explotación sexual.
Las 189 atendidas en el piso y la casa de acogida de las Oblatas, que abrió en 2015, tienen tras de sí otras tantas “historias de redes de trata, conflictos bélicos, exclusión y patriarcado, que es donde sitúan el foco de estos niveles de explotación sexual”, ha recalcado García.
La coordinadora del proyecto ha hecho hincapié en que con Daniela se ofrece una oportunidad para recuperar a estas mujeres, pero el problema al que hay que hacer frente es el de los clientes y el gran negocio mundial que supone la prostitución.
El proyecto Daniela también ofrece charlas en centros educativos para dar a conocer las consecuencias de la trata de seres humanos y para prevenir la prostitución, un problema que Candil ha subrayado que debe generar un debate ausente de “doble moral, con honestidad y sinceridad”.
Candil ha señalado que la sociedad es “excesivamente permisiva con los menores que sufren abuso sexual”, una situación que, según Save de Children, no denuncia el 85% de las víctimas, el 50% se produce en el ámbito familiar y el 70% no llega a juicio.
