Más del 50% del plan contra la pobreza en Canarias está sin desarrollar
Más del 50% de las medidas del Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión en Canarias (1998-2008) está sin desarrollarse, según denunció este jueves el Diputado del Común, Manuel Alcaide, quien pidió a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario que, para hacer frente a este inconveniente, promueva “la creación de una normativa específica para la atención de los sin techo por todas las administraciones, entidades y organismos colaboradores”.
Alcaide, que presentó en el pleno del Parlamento de Canarias un informe durante la presentación de un informe sobre el Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión en Canarias para las personas en estado de exclusión social extrema (PISPEC), señaló que en esa normativa se deberían reconocer derechos como la dignidad, la integración, la privacidad, la confidencialidad, etc.
Asimismo, instó al Ejecutivo autonómico a reforzar y aumentar, en la medida de sus posibilidades, la financiación a las entidades locales canarias “a fin de que éstas puedan afrontar los objetivos que se han marcado en la respuesta social a la población sin techo”.
En esa línea, calificó de “recomendable” que se elaborara un programa presupuestario para la atención de las personas excluidas, en el que se recoja “el compromiso y el esfuerzo económico que se realiza desde la Administración pública”.
Alcaide, no obstante, reconoció que con la puesta en marcha de este Plan ha habido un incremento de las ayudas y servicios asistenciales, pero pidió a los grupos parlamentarios que reflexionaran “si han sido suficientes esos esfuerzos, o las medidas aplicadas se limitan a priorizar una respuesta asistencial y no se orientan a conseguir una disminución paulatina de las personas inmersas en la pobreza y su integración social”.
Un documento poco conocido
Durante su intervención, destacó que al realizar este análisis del Plan se ha comprobado que es un documento “poco conocido” por las entidades públicas canarias, a pesar del esfuerzo. “Nos preocupa que existan ayuntamientos y algún cabildo que desconozca la existencia y contenido de este plan”, indicó Alcaide, al tiempo que señaló que son las entidades de iniciativa social (ONGs) las principales ejecutoras de los programas destinados a las personas en situación social extrema.
De hecho, dijo que la derivación a una ONG se plantea como una de las actuaciones más comunes que realizan las instituciones públicas, que también dan una concesión de ayuda de emergencia social. En concreto, el 46% de los ayuntamientos de Canarias que han intervenido con población en situación de exclusión grave, se plantea tramitar ayudas de emergencia para cubrir necesidades básicas y sólo 16 ayuntamientos se plantean después de esta intervención, continuar un plan de trabajo.
En cuanto a los cabildos, explicó que en el informe muestra que ninguna institución insular gestiona recursos o programas especializados en relación a la exclusión social, sino que apuesta por cooperar económicamente y establecer convenios plurianuales con ONGs.
El Diputado del Común aseguró también que aún no se tiene un perfil ni características del sin techo de Canarias, sino que se les concibe como “un grupo de personas inmerso en un proceso de trashumancia, que se benefician de los recursos”, echó en falta un diseño institucional específico que obedezca una estrategia coordinada a todos los niveles“ y se preguntó si el Plan Concertado de Prestaciones Básicas resultado adecuado o dificulta la consolidación de una red básica de servicios sociales.
Pese a todo, positivo
A pesar de todo y en líneas generales, Manuel Alcaide opinó que el Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión social en Canarias “debe valorarse positivamente” por que supone una voluntad expresa del Gobierno de Canarias de configurar una estrategia que busque la convergencia de determinadas políticas sectoriales“.
Por último, Alcaide dio a conocer las recomendaciones que el Diputado del Común da sobre el Plan a las diferentes instituciones. Entre ellas se encuentra abordar la atención a la población con grave exclusión social desde una perspectiva integral y no como mera satisfacción de necesidades; que los cabildos aumenten sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las medidas y asuman sus responsabilidades como entidad insular y coordine y apoye las políticas municipales.
Asimismo, entre otras recomendaciones sugirió a los ayuntamientos que generen programas de intervención integral que supongan respuestas múltiples y coordinadas; que se doten de personal cualificado para afrontar de forma eficaz los programas de actuación con las personas 'sin techo', etc.
Consideraciones políticas
El diputado del grupo parlamentario Popular (PP) Miguel Cabrera Pérez Camacho recordó que en las Islas unas 1.500 personas pueden considerarse como excluidos sociales o en situación de pobreza extrema y apuntó que en comparación con los dos millones de habitantes que hay en Canarias “demuestra que hemos avanzado y estamos mejor que algunos países de Europa”.
A pesar de todo, opinó que los políticos ante este problema social “tan grave”, “no debemos mirar para otro lado” y que utilicen “grandes dosis de imaginación” para solventar este tema.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Flora Marrero, coincidió con el diputado del PP en que en Canarias 1.500 personas están en situación de exclusión y aclaró que “han cambiado muchas cosas” en Canarias desde el año en que se aprobó el Plan contra la Pobreza y Exclusión. Así, indicó que el rostro de la pobreza “ahora es el de una mujer, de inmigrantes y de la juvenalización de la pobreza: hay muchos pobres que son personas de menos de 25 años”.
La diputada del PSOE, Olivia Cedrés, dijo que el plan se ha quedado “obsoleto y está incumplido”. Criticó que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, haya asegurado que en cuatro años pretende erradicar la pobreza de las Islas, cuando “somos la tercera comunidad autónoma con más porcentaje de personas por debajo del umbral de la pobreza”.
Señaló además que el Gobierno canario “está perdido y sin brújula” y que esperaba que este informe “despierte la conciencia de los gobernantes y reflexionen y trabajen por las personas”.
