La Policía involucra a la Guardia Civil con la droga
La espectacular operación del 9 de abril contra el narcotráfico en el Sur de Gran Canaria ha quedado, aparentemente, en nada dado los escasos resultados de la droga intervenida y el destino de la mayoría de los detenidos, en libertad con cargos, pero el rumbo imprimido a la investigación ha provocado que desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se haya involucrado a la Guardia Civil y a funcionarios judiciales con los imputados por delitos contra la salud pública.
Así consta en un informe del grupo de la Unidad de Drogas Y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía encargado de esta operación, saldada con la detención del dueño del restaurante de la cofradía de pescadores de Mogán y varios empleados por tráfico de drogas, y en la que la Udyco llega a asegurar que uno de ellos, el “lugarteniente” de la banda, R.G.V., “mantenía relaciones tanto con las más altas instancias de la Jerarquía de la Guardia Civil a nivel insular como con guardias civiles encargados de la seguridad ciudadana en Mogán”.
Bajo autorización judicial de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, el grupo IV de la Udyco intervino las comunicaciones del propietario del restaurante, su segundo de a bordo, camareros, la mujer de uno de estos y otros implicados en el tráfico de drogas en el Sur de la isla, pero a lo largo de más de 70 folios de la diligencia de exposición de hechos previa a las detenciones y registros, los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas solo aportan como testimonio directo de sus sospechas contra la Guardia Civil una llamada telefónica al número fijo del restaurante de Puerto de Mogán.
Aquella tarde del 30 de enero pasado, una voz de mujer desconocida para los investigadores que respondía al nombre de Mae alertó al camarero del restaurante, A.J.M., único detenido en prisión provisional autoinculpado de ser el dueño de la escasa droga incautada, que “pállá van unos coches de la Guardia Civil, con una rub..., una mujer y un hombre, y no los conocemos de..., yo por lo menos no los conozco, van para allá, pa´ que tengas cuidado”.
Deducen los investigadores de la Jefatura Superior que más que la alerta de la llegada de estos guardias civiles desconocidos al restaurante, “lo preocupante es lo que no se dice”: que haya agentes que acuden y no haya que alertar de su llegada al bar porque los guardias habituales no sólo tendrían conocimiento de la venta de droga, a pequeña y gran escala, en el local de restauración, como se desprende a lo largo de múltiples pinchazos con pequeños compradores, “sino que cuanto menos la consentían o toleraban”.
La Udyco, que investiga el caso desde octubre a pesar de que la zona de Mogán corresponde a la Guardia Civil en seguridad ciudadana, mantiene en sus informes que este organización “perfectamente estructurada, con un reparto de tareas específicas entre sus miembros”, es una banda criminal de alto calado con contactos con el narco a gran escala en la Península, y “hacía uso” de sus presuntas relaciones con funcionarios de Justicia y de la Guardia Civil, “cuando menos de influencia, para garantizar la manifiesta impunidad con la que desde hace años esta organización llevaba a cabo sus criminales actividades”.
Son estos presuntos soplos de guardias civiles, y también de funcionarios de los Juzgados, los que, a juicio de la Policía justifican su intervención en territorio del Instituto Armado, ya que la señalada vista gorda benemérita habría permitido a la organización mantenerse en la sombra activa durante años, a la que incluso relaciona con el narcotráfico gallego porque el anterior propietario del restaurante era Manuel Barroso, condenado por operaciones de grandes cantidades de cocaína, y que su actual propietario, S.F.S., sea de León.
“Así se desprendía del análisis del tráfico de llamadas mantenido en teléfonos intevenidos de los investigados, en las que de forma continuada los encartados hacía referencia a sus relaciones con Funcionarios Judiciales como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, dice la Policía sin aportar a sus diligencias 9.094 / 2013 más pinchazos en relación a chivatazos que la del 30 de enero.
En estas mismas diligencias policiales incluídas en las diligencias previas 4.789 / 2012 del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana se detalla las cantidades de droga incautada en los registros llevados a cabo la mañana del 9 de abril, con un amplio dispositivo de unidades policiales de guías caninos, de subsuelo, de la Décima Unidad de Intervención Policial e incluso de los Grupos de Operaciones Especiales (GOES) desplegados en Mogán. Las cantidades incautadas son apenas 300 gramos de hachís y 30 de cocaína.
Desde el 3 de diciembre las diligencias previas 4.789 / 2012 están declaradas secretas por el juzgado instructor, cuando autorizó el inicio de las grabaciones telefónicas, intervenciones y dispositivos de observaciones directas que duraron cuatro meses hasta la redada del 9 de abril, con los resultados conocidos.
