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El PSC denuncia que Castro Feliciano perpetúa el código machista

Las responsables de Igualdad y de Justicia y Seguridad en el PSC, Marian Franquet y Sandra Rodríguez, respectivamente, acusaron hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, de perpetuar códigos machistas y dañar claramente la lucha contra la violencia de género.

Así lo señalan las dirigentes socialistas, que aluden a la afirmación que realizó ayer Antonio Castro Feliciano, tras entregar la memoria anual del tribunal al Parlamento de Canarias, de que hay denuncias por violencia de género que son “interesadas”.

Afirman ambas dirigentes que estas declaraciones sobre las denuncias falsas relacionadas con el maltrato están hechas “con una absoluta falta de rigor nada propia de alguien que representa a la justicia”, y por ello tienen “consecuencias desastrosas y nefastas” en las mujeres que sufren la violencia “porque les envía un mensaje terrible: no denuncies porque nadie te va a creer”.

Las representantes del PSC señalan que estas declaraciones “son una falta de respeto” sobre la presunción de inocencia de las mujeres, a las que se imputan denuncias falsas “sin que exista la menor prueba sobre ello”.

Ambas exigen que Castro Feliciano aporte las pruebas en que se funda para afirmar lo que dice “y no sustentarlas en lo que dice que le han contado, causando un maltrato institucional de consecuencias impredecibles para las mujeres y los niños y niñas víctimas de la violencia de género”.

Consideran que el daño producido por estas declaraciones confirma hasta qué extremo tienen razón los agresores cuando torturan a la víctima diciendo “nadie te va a creer” y advierten de que de nada servirán las medidas legislativas que se arbitren si las mentalidades de los jueces son cómplices de quienes cometen la agresión contra ellas.

Aseguran además que esto no tiene nada que ver con que, cuando se pruebe que una mujer ha puesto una denuncia falsa, se articulen todos los mecanismos legales para que esa conducta reprobable no quede sin su correspondiente castigo, sobre todo por el daño que se hace a las mujeres que denuncian hechos ciertos y que tienen una evidente dificultad para probarlo.

Asimismo condenan “el tinte xenófobo que se esconde detrás del pensamiento de que los juzgados se llenarán de mujeres inmigrantes que se inventarán estas denuncias para conseguir la nacionalidad”.

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