''No pueden pedirnos que trabajemos gratis''
El próximo viernes hay elecciones en el Colegio de Abogados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No es fácil la situación de esa institución colegiada que en la actualidad sigue encallada en el Turno de Oficio, en el que están inscritos la mayoría de los colegiados.
Las quejas de los letrados por el funcionamiento del Turno no se limitan al retraso en los pagos, sino también a las nuevas reglas de organización interna, según las cuales se desconoce en función de qué criterios se nombran los sustitutos en la asistencia al detenido o las guardias.
“Hay mucho más trabajo de oficio que privado, es cierto, pero nosotros no tenemos la culpa. Hay despachos que están cerrando por falta de clientes particulares y otros que necesitan de la asistencia jurídica gratuita para seguir a flote. No pueden pedirnos que trabajemos gratis”, afirma Miguel Ángel Marrero Morales, que se presenta a las elecciones respaldado por una plancha de abogados, toda proveniente del Turno de Oficio.
La Consejería pretende que los juicios rápidos no se abonen de forma individual, sino que si se dan varios el mismo día computen en total como una jornada de guardia doblada. En los casos de violencia de género, las guardias de 24 horas se han reducido en la provincia tinerfeña a Santa Cruz y Arona, y se pagan a 99 euros brutos. Son algunas de las cifras que parecen haber puesto a los letrados de nuevo en pie de guerra.
Víctor Medina, el actual decano, fue elegido en 2006. En este tiempo, ha cosechado tantos detractores como apoyos. Se le echa en cara su connivencia con la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad en la adaptación de las nuevas tarifas con que pagar las asistencias gratuitas. También le critican el poco tiempo que dedica al Colegio, del que suele estar ausente.
“Medina defiende que Santa Cruz de Tenerife es el único de los cuatro colegios de abogados canarios que no ha aceptado los nuevos baremos para el Turno de Oficio, pero no dice que fue presionado a ello por los colegiados. Asegura que ha puesto un recurso contra el decreto de la Consejería, pero no sabemos si ha pedido la suspensión cautelar del mismo”, sostiene Marrero.
El malestar no se limita a los baremos. Hay más actuaciones de la actual junta que no gustan. “No sabemos si se está favoreciendo a unos compañeros en detrimento de otros. El mayor problema es la opacidad con que todo se lleva a cabo en el Colegio”, afirma el candidato a decano.
“El Colegio tiene que cambiar. Tiene que ser claro, los abogados tenemos derecho a estar informados de en qué y cómo se gastan los presupuestos”, recalca Marrero. “Lo primero es que la junta directiva esté al servicio de sus abogados para la defensa de sus intereses, y no al revés. En la actualidad, la Junta no existe. El decano ha delegado todo el peso del Colegio en un gerente que cobra un sueldo del que no se nos informa porque, según Medina, es un asunto privado, como tampoco se informa de las sustituciones en las guardias con la falacia de que se vulneraría la Ley de Protección de Datos”.
En su programa, Medina y Marrero coinciden en algunos puntos, como en la necesidad de crear una delegación del Colegio en el norte de Tenerife o el apoyo a las compañeras embarazadas en el pago de cuotas y subvenciones con guarderías, proyectos que ya llevaba Medina en su programa de 2006.
Sin embargo, Marrero y sus compañeros de plancha quieren incidir en otro asunto que también ha levantado sospechas entre los colegiados, y es el funcionamiento de la escuela de prácticas jurídicas, que hasta 2006 se regía por un convenio con la Universidad de La Laguna, y que el actual equipo directivo ha privatizado “sin que se sepa muy bien cuáles son los criterios por los que se ha designado al director y a los profesores, ni cuánto cobran pos su clases”, incide Marrero. “Lo que no parece muy lógico es que parte de la junta directiva sea docente en la escuela”.
