Sanidad reduce la actividad ordinaria en los centros de salud y hospitales de Gran Canaria ante el repunte de COVID-19
La actividad asistencial ordinaria en los centros de salud y hospitales del Archipiélago vuelve a verse afectada por la COVID-19. El repunte de casos e ingresos por coronavirus experimentado en las últimas fechas en las Islas ha llevado al Servicio Canario de Salud (SCS) a dictar este viernes una instrucción a las gerencias para limitar o suspender determinadas consultas y pruebas. Las medidas recogidas en un documento firmado por el director del organismo autónomo, Alberto Pazos, y por el director de Programas Asistenciales, Octavio Luis Jiménez, serán de aplicación inmediata en Gran Canaria, el área que presenta en esta segunda oleada las cifras más preocupantes, con más de mil casos activos y más de 60 pacientes hospitalizados. En el resto de las islas, su implementación estará condicionada a la evolución de la situación epidemiológica.
En los centros hospitalarios, se han vuelto a activar los planes de contingencia para incrementar la disponibilidad de camas tanto en planta como en la unidad de críticos. El Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria ya ha habilitado dos alas de la planta cuatro para pacientes COVID, con capacidad para 70 personas, y un módulo en Medicina Intensiva para los cuadros más graves, con diez camas. Ante la previsión de que el número de ingresos continúe aumentado esta semana, la gerencia ya ha reservado otra ala en la planta sexta del complejo y prepara un segundo módulo para críticos. También el Insular- Materno Infantil ha liberado la planta 11.
Los hospitales deben, además, “modular la actividad no COVID”, lo que afecta a los planes especiales de lista de espera, que deberán reorganizarse. Este mismo viernes se publicaban los datos correspondientes a los seis primeros meses del año. La crisis sanitaria provocada por la propagación del virus SARS CoV-2 ha alargado en un mes la demora media para someterse a una intervención quirúrgica, que ha pasado de los 133,1 a los 163,4 días.
El tránsito de familiares por los centros sanitarios también se restringe. La instrucción limita las visitas hospitalarias a un acompañante y una hora al día. El acompañamiento se restringe a los pacientes en una situación crítica, “especialmente en el final de su vida”, y en condiciones seguras para los familiares y para los profesionales. El SCS insta a las gerencias de las distintas áreas de salud a fomentar que los pacientes no vayan acompañados a los centros de salud o a las consultas externas hospitalarias, salvo que por su edad o por su situación clínica lo requieran. A las consultas de Pediatría solo podrá ir un adulto con el menor.
Los responsables de los centros deberán garantizar el “correcto dimensionamiento” de la plantilla de sanitarios, sobre todo de especialidades con “competencia primaria” en el tratamiento de pacientes COVID, como los profesionales de Atención Primaria, de urgencias, de las unidas de críticos, de microbiología, medicina preventiva y plantas de hospitalización. Además, se le dará prioridad al trabajo de los rastreadores, liberándolos para que se dediquen íntegramente a una labor crucial para la detección y contención de brotes, y “facilitando su sustitución” en las tareas asistenciales que asumen de manera ordinaria.
En los centros de salud, las consultas programadas y de seguimiento se restringirán a los pacientes de mayor riesgo y se priorizará el seguimiento domiciliario, a través de llamadas telefónicas, de aquellas personas que sufran infecciones leves de las vías respiratorias, siempre que no requieran valoración y/o ingreso hospitalario. Además, se suspenderán las operaciones de cirugía menor ambulatoria y una serie de pruebas: las espirometrías (exploración de la función respiratoria); las intervenciones no oclusivas para detectar la ambliopía (disminución de la agudeza visual) en los niños; las retinografías (fotografías de retina) de control; los electrocardiogramas programados; las ecografías no urgentes, o las citologías (prueba para el estudio del cuello uterino), excepto para las mujeres de alto riesgo.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias aprobó el pasado 30 de abril su “plan de desescalada”, en el que se macaron las pautas para flexibilizar las restricciones que impuso el Ejecutivo central tras la declaración del estado de alarma. Esa “estrategia de organización” preveía la “reversión gradual” de las “drásticas medidas de reducción de la actividad ordinaria”, pero dejaba la puerta abierta a dar marcha atrás ante escenarios epidemiológicos menos favorables como el que está viviendo el Archipiélago durante este mes de agosto.
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