Seis de cada diez canarios dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler

Cristian tiene 29 años y un largo recorrido académico a su espalda. Graduado en Veterinaria, cuenta con un máster en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y otro en Formación del Profesorado, así como un especialista universitario en Protección y Gestión de Espacios Protegidos y diversos cursos de refuerzo. Aun así, no ha podido encontrar un empleo estable y emanciparse. Dice que los precios de los alquileres superan sus recursos. “Pillar algo es bastante complicado. Es cierto que te puedes encontrar pisos a 400 o 500 euros, pero son muy poco acogedores y excesivos para el tipo de alojamiento que te están ofreciendo”. Cristina, también con un grado y dos especializaciones, opina lo mismo. “No puedo. Lo veo inviable”. Según el informe La Vivienda de Alquiler en España, publicado recientemente por Comisiones Obreras con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2019, seis de cada diez canarios dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, “un esfuerzo excesivo que supera el máximo razonable según los criterios de solvencia y capacidad de pago”.

El estudio sitúa a Canarias como la segunda comunidad donde un mayor porcentaje de personas debe realizar este sobreesfuerzo, un 60%, solo superada por el País Vasco (65%). Las autonomías con mejor ratio son Extremadura (16%), Castilla y León (17%) y Cantabria (20%). La media nacional es de un 41%. “Esta difícil situación se ha agravado, además, por los negativos efectos de la pandemia y la crisis sobre los ingresos de los hogares”, agrega el informe de CCOO, que ha visto la luz en un contexto crispado por la discusión de la Ley de Vivienda que pretende impulsar el Gobierno central y que ha generado nuevas discrepancias en el Ejecutivo. Por un lado, el PSOE apuesta por bonificaciones fiscales a los propietarios para evitar las subidas abusivas del alquiler (algo que ya se hace en España desde 2003 y beneficia a las rentas más altas). Y por otro, Podemos se amarra al acuerdo de coalición para exigir la limitación de los precios en las zonas tensionadas, como lleva haciendo Cataluña desde hace unos meses.

El debate gana relevancia en las Islas por las dificultades que existen para encontrar una vivienda digna a precio asequible en sus principales ciudades (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife). Acorde al estudio Variación acumulativa de la vivienda en España en 2020, publicado por Fotocasa, el alquiler en el Archipiélago se ha encarecido un 53% en los últimos cinco años. Un 41% en la provincia oriental y un 40% en la occidental. “Esto, sumado a la escasez de oferta de vivienda en alquiler explica los grandes incrementos que se han ido registrando durante los últimos años”, explica la directora de comunicación de Fotocasa, Anaïs López.

Canarias ha aprobado un nuevo plan de vivienda esta legislatura con un presupuesto de 644 millones de euros con el objetivo de edificar unas 5.900 viviendas públicas. Pero lo ha hecho tras más de diez años de vacío, lo que ha limitado la oferta y aumentado los precios. Isabel Saavedra, del Sindicato de Inquilinos de Las Palmas de Gran Canaria, reconoce que el proyecto autonómico es bueno, pero llega tarde y tardará cuatro años en aplicarse. “Nosotros tenemos cientos de personas que van a perder su vivienda ahora”, subraya.

Saavedra considera que los esfuerzos no solo deben centrarse en la construcción de vivienda, sino también en la conversión de apartamentos vacíos que sirvan como alternativa habitacional para quien más lo necesite. Según los registros del Observatorio Housing Europe, países como Holanda, Austria y Reino Unido cuentan con un porcentaje de vivienda social superior al 15%, mucho más que España (2,5%). “Nosotros estamos a favor de limitar y regular el mercado. Y entendemos que ese giro de timón que ha tomado el Partido Socialista no es suficiente”, apostilla Saavedra.

 Una odisea para los jóvenes

El último estudio del Observatorio de Emancipación Juvenil, con datos del primer semestre de 2020, constata que el Archipiélago fue una de las comunidades donde la población joven ha padecido en mayor medida los efectos de la crisis del coronavirus. La tasa de actividad interanual descendió en ocho puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2020, para situarse en el 45,9%. En ese periodo, apenas tres de cada 10 personas jóvenes tenían un empleo, de las cuales el 40,7% se vio afectada por un ERTE. Además, Canarias encabezaba la lista de población menor de 30 años que no trabajó ninguna hora en su empleo, con un 49,3% frente al 32,6% de promedio estatal.

Según los datos, las Islas cuentan con una tasa de emancipación del 18% entre los jóvenes de 16 a 29 años, la cuarta mejor de España. Sin embargo, la que corresponde al grupo de 30 a 34 años, no llega al 60%, la peor del país. El shock de la pandemia ha llegado en el peor momento: “justo cuando miles de jóvenes empezaban a recuperarse de la anterior crisis, o cuando comenzaban a su incorporación al mercado de trabajo, han visto paradas sus vidas por el COVID”, añade el informe. Y continúa. “En cuanto a los datos de emancipación, ya estábamos en un momento alarmante antes de marzo de 2020. El dato de emancipación del segundo semestre de 2019 era el peor desde 2002. En el primer semestre de 2020 se sitúa en 17,3%, el peor dato desde 2001. Es por ello por lo que es urgente regular un mercado de la vivienda que, pese a la crisis, no ha reducido su precio”.

Hipotecarse se hace casi imposible por los férreos requisitos (sólida capacidad adquisitiva, necesidad de contrato estable, etc.). Por eso el alquiler se ha erigido como la principal alternativa. El 58% de las personas jóvenes emancipadas en España en 2019 vivía de alquiler. Aunque esto también puede convertirse en una quimera ya que, según las cifras aportadas por el Observatorio de Emancipación, los jóvenes deben poner el 92,9% de su salario neto para vivir solos de alquiler.

Los problemas prosiguen superado el momento de acceso. Los jóvenes suelen presentar un mayor riesgo de sobrendeudamiento e inestabilidad en los ingresos. Basta con señalar, por ejemplo, que con la masiva pérdida de puestos de trabajo de 2020 aumentó hasta el 20,7% la proporción de hogares jóvenes en los que no había ninguna persona ocupada, 7,5 puntos porcentuales más que en 2019.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Las Palmas de Gran Canaria destacan que la realidad también la conforman las personas en alto riesgo de exclusión social que no pueden permitirse acudir al mercado de la vivienda de alquiler convencional porque viven con 300 o 400 euros al mes. O incluso menos. A estos son a los que más atienden. Como por ejemplo Sandra (nombre ficticio), que tiene menos de 30 años y vive en una habitación en la capital grancanaria. No tiene red de familiar que la sustente y tampoco ayudas. Ahora se ha quedado sin ingresos y teme perder su residencia el próximo mes. La opción de la ocupación ha comenzado a tomar forma.

 Un manifiesto por la vivienda digna

Más de 30 organizaciones españolas (entre las que se encuentran CCOO, CGT y UGT) han presentado un manifiesto por una regulación que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada. El documento sale a colación de la ley que está trabajando el Gobierno central y varios colectivos esgrimen que no dejarán escapar la “oportunidad” que brinda este primer paso estatal en la materia para “conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental”

Aportan algunos datos: más de 32.000 personas en España no tienen hogar, 12 millones se encuentran en riesgo de exclusión social y se han producido más de un millón de desahucios desde la Gran Recesión. “Llevamos demasiados años sufriendo a quien pone sus beneficios privados por encima de la vida y salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todos nos merecemos”.