La propuesta del PSOE de bonificar fiscalmente en vez de limitar el precio del alquiler agrava la tensión con Unidas Podemos

El PSOE considera que la controversia con Unidas Podemos a propósito en esta ocasión de la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas es prácticamente un problema dialéctico. Los socialistas apuestan por bonificaciones fiscales a los propietarios como fórmula para evitar que los alquileres se disparen, pero esa propuesta de José Luis Ábalos se aleja del acuerdo de la coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que habla de dotar a las comunidades y ayuntamientos de un marco que les permita “regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas”. El socio minoritario de la coalición, pero también aliados parlamentarios como ERC, EH Bildu o Más País, así como organizaciones sociales, se oponen frontalmente al planteamiento del PSOE. 

La parte socialista del Gobierno trata de rebajar el nivel de intensidad del debate ante la postura de Unidas Podemos de ceñirse a lo pactado. “En ningún caso ni el ministro ni el Gobierno han transmitido ninguna voluntad de no hacer cumplir el compromiso que se formuló en el acuerdo que hizo posible el Gobierno de coalición”, expresó la portavoz, María Jesús Montero, ante las acusaciones de los socios del PSOE, a las que se han sumado asociaciones y colectivos como el Sindicato de Inquilinos, Facua, la PAH o la Coordinadora de Viviendas de Madrid, que ha pedido incluso la dimisión de Ábalos por “traicionar el pacto de investidura” 

“No se ha alterado la hoja de ruta del Gobierno. El Gobierno sigue trabajando para evitar subidas abusivas de los precios de alquiler. La discusión está en qué instrumentos son los que mejor lo posibilitan”, defendió Montero. Fuentes del Ministerio de Transportes insisten en esa idea al asegurar que el “objetivo” de ambos socios es el mismo mismo -combatir las subidas desmesuradas del alquiler-, pero que tienen “distintas herramientas” para llevarlo a cabo. Así, señalan que “topar el precio” es “una medida más invasiva” mientras que la suya es “bonificar”, es decir, que los propietarios que alquilen a un precio por debajo del mercado puedan acogerse a incentivos fiscales. 

“Topar el precio” vs “bonificar”

Sin embargo, ese planteamiento se aleja de lo establecido en el acuerdo programático que se comprometía a impulsar “medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Para ello se usaría el Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad a partir del cual “los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

Unidas Podemos lleva varios días advirtiendo de que no aceptará esa fórmula que considera un incumplimiento de lo firmado. “Pedro [Sánchez] y yo firmamos para que se regularan los alquileres. Es un error tensionar al Gobierno planteando que se puede incumplir el acuerdo o traicionar la palabra dada”, sentenció este mismo martes el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. 

Desde Unidas Podemos recuerdan, además, que Pedro Sánchez se ha comprometido a limitar los precios de los alquileres hasta en cuatro ocasiones desde 2017, cuando lo hizo con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La primera edil de la segunda ciudad de España se lo recordó el otro día en un tuit en el que le pedía que “cumpla su palabra”.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, es la negociadora por la parte de Unidas Podemos y señaló este martes en una entrevista las otras ocasiones en las que el líder socialista firmó un acuerdo similar, además de las dos mencionadas: en los Presupuestos de 2019 (que no salieron) y en los recientes de 2021. En esta última oportunidad, se acordó además que Ábalos y Pablo Iglesias fueran “coproponentes” de la ley, que llegaría al Congreso “en cuatro meses”, algo ya imposible.

Para el grupo confederal la única fórmula que cumple con lo acordado es que se establezca una regulación estatal que permita a ayuntamientos y comunidades poner límites a los precios del alquiler en determinadas zonas en las que se ha producido un incremento desmesurado, en línea de lo que se hizo en Berlín. 

Los socialistas consideran que la fijación de topes puede ser contraproducente y se remiten a las situaciones de Francia y Alemania, donde sus regulaciones no han terminado de funcionar. Así, Ábalos defiende “incentivar” en vez de “penalizar” a los propietarios. Tanto él como Montero han advertido de la posible “contracción” del mercado del alquiler si los dueños consideran que no les sale rentable el arrendamiento y se decantan por poner los inmuebles en venta. 

Sin plazos

La ley, además, no verá la luz en los plazos que PSOE y Unidas Podemos pactaron en la negociación presupuestaria. Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales se quejan de no haber recibido siquiera un borrador del proyecto que prepara el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad del que en teoría es coproponente, pese a que Belarra y el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, se han reunido con asiduidad. La última, este mismo martes. Este miércoles está prevista otra cita.

Los socialistas aprovechan el retraso para advertir de que no van a correr en la elaboración de la ley: “No vamos a comprometer la seguridad jurídica de lo que queremos legislar por tener fechas aproximadas”. “En estos meses ha habido menos tensión en las llamadas zonas tensionadas, lo cual no es óbice sino lo contrario, es un poco de compás de espera para que podamos trabajar este texto legal de manera ordenada, segura y atendiendo al objetivo, que no ha variado”, agregó Montero en esa dirección. 

El principal argumento del PSOE en la defensa de las bonificaciones fiscales es que, a su juicio, se incentivaría el mercado del alquiler y permitiría “compatibilizar” la “función social de la vivienda” con “el derecho a la propiedad privada”. Montero repitió en varias ocasiones el riesgo de un recurso contra la normativa. “Ni vamos a llevar una ley que no tenga el concurso de ambas formaciones ni tampoco sin tener la seguridad jurídica de que está perfectamente articulada en el marco del Tribunal Constitucional”, expresó la portavoz, que también usó a los aliados parlamentarios de la coalición como excusa de la búsqueda de acuerdos en esa materia en una referencia al PNV.

Con todo, el asunto de los alquileres no es el único elemento en debate sobre la que debe ser la primera ley de vivienda de ámbito estatal de la democracia. La norma debe abordar, por ejemplo, la problemática de los desahucios a personas sin alternativa habitacional. También las fórmulas para aflorar la vivienda vacía, o aumentar el parque público, ya sea por nueva construcción o por la cesión de paquetes en manos de grandes propietarios.