Sólo diez personas con gran dependencia han cobrado la ayuda
Sólo diez personas con gran dependencia de las 6.300 existentes en Canarias han cobrado la ayuda que les corresponde por ley, aseguraron este martes los representantes de UGT Manuela Fernández y Juan Manuel Fontes, que desconocen de dónde “saca” el Gobierno canario que son más de cien.
Los responsables sindicales anunciaron que rechazarán la modificación del decreto que propone el Ejecutivo y que será tratado en el Consejo Social convocado para el próximo día 5, máxime cuando fue aprobado hace apenas un mes y, en cualquier caso, lo que hay que hacer es “empezar de nuevo”, pues en Canarias se ha comenzado a aplicar la Ley de la Dependencia “tarde y mal”.
No se trata de emitir decretos, sino de publicar una normativa que regule todo el sistema para la puesta en marcha y funcionamiento de la Ley de la Dependencia, que aún tiene flecos por regular como el perfil de los cuidadores, aparte de la necesidad de contar con recursos humanos suficientes sin implicar a otras áreas ya saturadas como Sanidad, agregaron.
Así, la previsión era que en 2007 fueran evaluadas y comenzaran a cobrar la ayuda los 6.300 grandes dependientes de Canarias, pero hasta el momento han sido evaluados mil tras la labor realizada por dos equipos de 32 personas, uno en cada provincia.
En cualquier caso, estas evaluaciones se encuentran con un embudo en el siguiente paso, pues los informes que deben emitir los equipos técnicos, formados por un médico, un sicólogo y un trabajador social, están atascados, ya que cada provincia sólo cuenta con dos de estos equipos.
Además, en 2008 se tenía que haber comenzado a evaluar a las personas del siguiente nivel, los dependientes severos.
Fonte criticó que las administraciones continúen “tirándose la pelota unas a otras”, pues el Estado ha transferido a Canarias 7,5 millones de euros para la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia en Canarias y se preguntó dónde está el dinero.
Como ejemplo a seguir citó el caso de Andalucía, que ha enviado recursos económicos a las diputaciones y ayuntamientos, que han recaudado las solicitudes, lo que ha permitido al Gobierno autonómico solicitar las ayudas al Ejecutivo estatal, pero si no se dan estos pasos el Ministerio no puede realizar las transferencias, como pasa en Canarias, advirtió.
Las ayudas tendrán carácter retroactivo e incluso se puede acudir a la Justicia para reclamarlas, aunque Manuela Fernández pidió tener en cuenta que con ello se colapsará otro servicio público por culpa de que uno que no funciona.
Por otra parte, con el paro en aumento, pidió que se impulse la puesta en marcha de esta ley porque generará empleo.
A su juicio, el Gobierno debería empezar de cero y reunir para ello a la Federación Canaria de Municipios, los empresarios, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, y contar para su puesta en marcha no sólo con los recursos públicos, sino con centros privados y ONG's.
