Los trabajadores sociales reclaman a Hernández una ley que apueste por el sistema público y tenga ficha financiera
Los colegios profesionales de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han pedido este viernes al Gobierno de Canarias que la nueva Ley de Servicios Sociales tenga ficha financiera y que apueste por el sistema público de Servicios Sociales. En una reunión que tuvo lugar en la sede de presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, los representantes de este colectivo profesional trasladaron a la vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Patricia Hernández, la necesidad de hacer un diagnóstico de la vigente Ley de Servicios Sociales de Canarias.
Los colegios lamentan en un comunicado que la situación de los servicios sociales en Canarias sigue siendo precaria, tanto en materia presupuestaria como en recursos humanos. Las políticas de recortes de los últimos años realizadas por las distintas administraciones públicas han provocado una reducción de personal que ha influido en la calidad de los servicios. Los representantes de los trabajadores sociales plantearon la necesidad de una mayor y mejor participación de las organizaciones sociales en la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales.
“Entendemos que la nueva ley es una buena oportunidad para realizar un diagnóstico riguroso de la situación actual. Por eso creemos que es necesario aumentar los encuentros directos entre instituciones públicas y organizaciones sociales, para que las propuestas a la nueva ley sean debatidas y enriquecidas con las aportaciones de todos”, señalaron.
A la reunión de este viernes, que se produce tras varias solicitudes realizadas por los colegios profesionales de Trabajo Social, acudieron la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Iris Gómez, el presidente del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, David Muñoz y el vicepresidente del colegio de Las Palmas, Ismael de la Fé. En el encuentro también participó la viceconsejera de Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno canario, Isabel Mena.
Otra de las preocupaciones que pusieron sobre la mesa los dos colegios profesionales de Canarias, fue la situación de la aplicación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal - conocida como Ley de Dependencia - en las islas. Al respecto, consideraron “necesario incluir todas las políticas dirigidas a personas en situación de dependencia en el Sistema Público de Servicios Sociales”.
En ese sentido, expusieron que el Archipiélago “debe contar con una red de recursos para personas en situación de dependencia que esté dentro del sistema público. Desde la aprobación de la ley estatal, nuestro archipiélago se ha situado en la cola de su cumplimiento debido a la falta de financiación (estatal y autonómica) y a conflictos de competencias entre instituciones que se han planteado por no tenerlo todo incluido en el Sistema Público de Servicios Sociales”.
Los portavoces de los colegios profesionales de Trabajo Social plantearon, además, la necesidad de combatir el fraude fiscal, ya que la falta de financiación del sistema público de Servicios Sociales “se debe en parte a que muchas grandes empresas no cumplen con sus obligaciones tributarias”.
Ambos colegios apuestan por un sistema público de Servicios Sociales y frenar las políticas de privatizaciones, frente a algunas empresas que “reciben importantes cantidades de dinero de las administraciones públicas por las políticas de conciertos sanitarios o de servicios sociales”, al mismo tiempo que tienen sociedades en paraísos fiscales.
Los representantes de los colegios de Trabajo Social se mostraron dispuestos a participar en mesas de trabajo con instituciones públicas y organizaciones sociales para poder realizar las aportaciones por parte de los representantes de un colectivo profesional que trabaja con los sectores más vulnerables de la sociedad canaria.
