El vicepresidente de Canarias, socio del PSOE, arremete contra el Gobierno de Sanchez y reclama “mayores compensaciones”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, considera que las medidas que ha adoptado el Gobierno central en las últimas semanas no reflejan las singularidades isleñas ni el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en la economía y la población de las islas, por lo que ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez “mayores compensaciones” para el Archipiélago.

En concreto, Rodríguez estima que la caída del PIB en Canarias podría acercarse al 30% este año, una cifra que triplica la previsión del Gobierno central para el conjunto del Estado, un 9,2%. “El impacto será terrible”, dijo el vicepresidente, quien añadió que “las respuestas que se den desde el Estado habrán de contemplar esa diferente realidad”.

Por ello, Rodríguez ha emplazado este lunes al Gobierno central a una reunión de carácter bilateral donde negociar  “una respuesta más contundente” del Estado a la crisis económica y social generada por la pandemia, al tiempo que ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una solicitud que, según el vicepresidente de Canarias, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a atender.

En un comunicado, el vicepresidente -que valoró el esfuerzo del Gobierno central para la regulación de los ERTE o la concesión de ayudas a los autónomos, pymes o a la vivienda- recordó que la crisis golpeará de manera desigual a los diferentes territorios de España y que autonomías como Canarias o Baleares sufrirán mucho más que otras con menor peso turístico.

Así, el vicepresidente aboga por reforzar el papel de las comunidades autónomas en la respuesta a la crisis económica y social y aseguró que “el estado de alarma no ha suspendido al estado de las autonomías”. En este sentido, argumentó que el 40% del gasto público del Estado recae en las comunidades autónomas y que, por tanto, debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de adoptar decisiones.

Del mismo modo, Rodríguez insistió en que la suspensión de facto de las reglas fiscales debería implicar un reparto de los objetivos de estabilidad -en términos de déficit y de endeudamiento- entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

“Parece poco razonable que ahora que España va a incrementar su déficit del 1,8% hasta el 10,3%, las comunidades autónomas solo lo sigan participando en dos décimas”, expuso Rodríguez, quien recordó que Canarias ha cumplido escrupulosamente sus reglas fiscales y ahora mismo es la autonomía con la deuda pública per cápita más baja de España, lo que le permitiría asumir un mayor endeudamiento para hacer frente a los servicios públicos esenciales y dinamizar la economía.

En relación con el anuncio del Gobierno de España para la distribución de un fondo no reembolsable por importe de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas, el vicepresidente señaló que la distribución que maneja el Ministerio de Hacienda y los criterios de reparto de cada una son “discutibles”, puesto que, según la información adelantada por la ministra, tendrán un peso muy importante aquellos de carácter clínico, como hospitalizaciones, ingresos en UCI o test PCR realizados.

A este respecto, el vicepresidente recordó que independientemente del impacto sanitario de la enfermedad en los distintos territorios del Estado, todos se han debido preparar para afrontar sus consecuencias y realizar el gasto público pertinente.

Además, señaló que una partida de 5.000 millones se distribuirá en función de la caída de los ingresos tributarios por figuras como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Sobre este particular, el vicepresidente recordó la singularidad del régimen fiscal de Canarias, con la existencia de tributos del REF, como el IGIC o el AIEM, o impuestos propios como el de Carburantes y Tabaco, que componen el grueso de la caída de ingresos tributarios en el caso del Archipiélago, prevista en 700 millones de euros, lo que representa un 70% de las pérdidas.

En cambio, en el conjunto de comunidades autónomas el peso de los tributos cedidos (Donaciones y Actos Jurídicos) es del 8% y en Canarias alcanza el 19% del total de los ingresos, entre cedidos, propios y REF.