Mena aboga por una revisión del procedimiento de entrega de viviendas en alquiler
La concejala responsable del Área de Vivienda de la capital tinerfeña, la nacionalista Ángela Mena, ha reconocido que el principal problema a la hora de entregar viviendas a familias que se encuentran en una situación de especial necesidad se produce en lo que denominó “las viviendas en tránsito”, que son aquellas que, cuando se desocupan, entran a formar parte de un procedimiento administrativo hasta ser entregadas de nuevo.
Dijo que, al tratarse de una propiedad pública, que queda vacante en caso de fallecimiento o porque las familias desisten, se requiere para su recuperación una inversión pública, mediante un estricto proceso de supervisión, que provoca que en muchas ocasiones “no se pueda responder con los tiempos que requieren las necesidades de la gente o los que querría la propia Administración”. Por ello, “aunque el tránsito se haya reducido, es evidente que una vivienda no se puede quedar vacante eternamente, porque ahí es donde está el peligro” de ocupación. Así, señaló que la garantía es que “no sale nadie hasta que entre el siguiente que le corresponde en derecho”. En este sentido, la edil se mostró “a favor de revisar el procedimiento de las viviendas para alojamiento en alquiler”.
Mena indicó, en declaraciones a Onda CIT, que su Área disponía de una bolsa de diez viviendas para casos de emergencia, que, aseveró, se estaban rehabilitando para ser entregadas, pero lamentó que “determinadas decisiones” han conducido a que fueran ocupadas. En estos casos, reconoció que, “si son viviendas para alojamientos de emergencia, deben estar dispuestas para estos casos y no se puede permitir que sean ocupadas”.
En la ciudad se contabiliza en la actualidad un total de 1.500 viviendas disponibles que han sido entregadas ya a otras tantas familias, aunque la lista de demandantes supera los 3.000 vecinos.
La responsable municipal explicó que una de las asignaturas pendiente en el Ayuntamiento, que es la adquirida con las familias afectadas por desahucios, se está intentando solventar con gestiones a través de grupos inmobiliarios que, por ejemplo, “ya han dado frutos y han posibilitado que 68 familias estén viviendo en sus casas”; una medida que, avanzó, “se seguirá desarrollando en las próximas semanas para favorecer el realojo de más de medio centenar de familias”. Aclaró que son procesos que “no son tan rápidos como quisiéramos, porque precisan de informes sociales, autorizaciones o ayudas”.
Ángela Mena apuntó que, aunque la burocracia demora todos los plazos, “hay que cumplir requisitos, como el pago de una fianza de 200 euros por contrato de alojamiento social, algo que paraliza en muchos casos el procedimiento porque las personas afectadas no tienen esa cantidad y hay que buscar las ayudas para ello, lo que ahora se está solventando con un pago diferido”.
Plan especial para el Pancho Camurria
La concejala de Viviendas no ocultó que, con los cambios sociales que se están experimentando, quizá sea necesario “repensar cuáles son las competencias de las diferentes áreas en estas materias”, y afirmó que, en el caso concreto del asentamiento chabolista del Pancho Camurria, donde esta semana el ayuntamiento reconoció que se había combatido una plaga de pulgas, “debemos resolver este asunto cuanto antes, porque se especula mucho con lo que pasa ahí y hay que ver las realidades humanas de manera individualizada”. Agregó que “son realidades muy duras y tal vez no solo necesiten ayudas económicas”, por lo que abogó por la puesta en marcha de un plan integral en esta zona y otros servicios, ya que “el problema no es solo de residencia para esas familias”.
Otro aspecto que reconoció que la tiene “amargada” es la paralización de los proyectos de rehabilitación en la ciudad, que, afirmó, “como en el dique de San Andrés, el Estado nos ha tenido engañados, ya que desde 2013 no hemos tenido posibilidades de llegar a acuerdos”. Señaló que con el plan de vivienda “me temo que van a recortar la cuantía y en la actualidad contamos con seis proyectos redactados ya para el día que se firme, que espero que sea en este mes de julio, a finales”; sin embargo, precisó que desconfía “de que el Gobierno central cumpla ese compromiso, y será entre septiembre y noviembre. Ojalá me equivoque, pero me temo que pretenden acabar el año y que la actuación entre para el presupuesto del año que viene, para marzo, cuando no hay remedio”.
